En la última semana ha habido más movimiento político en Washington sobre una eventual reforma migratoria en EU del registrado en mucho tiempo, por lo que es posible empezar a percibir las nuevas posiciones de los principales actores en este teatro así como los obstáculos que se perfilan para alcanzar un acuerdo.

Hay que empezar por refrescar la memoria de mis estimables lectores de lo que ha cambiado sobre este debatido asunto. En primer lugar, el Presidente Barack Obama rompió su promesa de campaña de 2008 y no hizo el menor esfuerzo por promover una reforma migratoria integral en su primer período.

¿Por qué lo hizo? Por motivos puramente políticos: quería cuidarse antes de su reelección de no aparecer como el extremista de izquierda que caricaturizan sus detractores conservadores, que apoya sin restricciones a extranjeros ilegales cuya presencia perjudica a los ciudadanos menos letrados y más pobres de su país.

Es más, para jugar el papel de “rudo” en migración y no alienar a segmentos clave del electorado, en sus primeros cuatro años de gobierno emprendió una campaña de deportación masiva de casi dos millones de indocumentados –50 por ciento más que antecesor, George W Bush-, la mayor parte de ellos mexicanos, y gastó más recursos que ningún gobierno previo para vigilar la frontera y atajar a los inmigrantes.

Con una política de comunicación esquizofrénica que le resultó bastante exitosa, el gobierno de Obama demandó judicialmente a estados como Arizona, que adoptaron leyes aún más extremas de persecución de inmigrantes ilícitos, argumentando con razón que los asuntos migratorios son responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

Conforme se acercó la elección presidencial de noviembre pasado, Obama adoptó por decreto Ejecutivo acciones pro inmigrantes que había rechazado cuando se ofrecieron en el Congreso por sus opositores republicanos, como el senador de Florida Marco Rubio, quien propuso un proyecto legislativo que permitiera iniciar la regularización de la situación jurídica de jóvenes que fueron introducidos a EU de manera ilícita.

Estaba por verse si funcionaría la estrategia obamita de quedar bien con Dios y con el diablo, que muchos políticos en el mundo han intentado para congraciarse con los más diversos y hasta contradictorios grupos de votantes, pero los resultados electorales de noviembre pasado acreditan que funcionó la estrategia: las minorías que votaron lo hicieron por Obama en más del 70 por ciento.

Mientras tanto, los republicanos en precampaña para la nominación de su partido, batallaban en proponer las más absurdas medidas antiinmigrantes imaginables: instalar en la frontera mortales vallas electrificadas de veinte metros de alto, construir una doble y hasta triple estacada, o proceder a la “auto-deportación” de 11 millones de indocumentados por la vía de hacerles la vida imposible en EU.

Estas tonterías las discurrieron para quedar bien con la más extrema derecha de su partido, con una influencia exagerada en la selección del candidato, que una vez designado tiene que cambiar su tono retórico e intentar regresar al centro del espectro político, terreno en el que se ganan las elecciones.

Como predeciblemente perdieron el voto de los inmigrados, los republicanos intentan ahora cambiar su imagen frente a ellos, pues las tendencias demográficas apuntan a que la ciudadanía de origen “minoritario” –herederos de recién llegados sobre todo de América Latina y Asia-, crece con mayor celeridad que el resto de la población.

Es en este escenario que ahora se plantea la iniciativa bipartidista –cuatro senadores de cada partido- proponiendo las bases para un acuerdo migratorio que incorpore las siguientes condiciones:

• Mejor seguridad fronteriza.
• Un sistema bien diseñado para los trabajadores migratorios temporales.
• Un trayecto riguroso para que los 11 millones de inmigrantes indocumentados que ya están en EU puedan permanecer de manera legal y eventualmente obtener la ciudadanía.

Horas después de conocerse el proyecto de los legisladores, Obama develó los principios de su propio plan en el que coincide con las propuestas de los senadores pero enfatiza un camino más fácil a la ciudadanía, al tiempo que determina que el control de la frontera para impedir flujos migratorios ya se dio con éxito.

En los esquemas descritos quedan infinidad de definiciones por hacer, como qué tan “segura” debe ser la frontera, cuáles serían las multas por haber violado la ley migratoria o si las personas legalizadas tendrán acceso a los servicios de salud, educación, pensiones, apoyo de desempleo y otros, y bajo qué circunstancias.

Ya habrá oportunidad de comentar cómo evoluciona este tema y cuáles son las verdaderas intenciones de los principales protagonistas.