“La política educativa la dicta el gobierno, el Estado.” Esto lo dijo el secretario de educación pública, Emilio Chuayffet, el 20 de febrero en una comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado. “El sindicato tiene que hacer lo que le manda el apartado B del artículo 123 constitucional: defender los derechos individuales y colectivos del trabajador.”

Quizá el secretario no se ha asomado a lo que sucede en Oaxaca. Ahí el sindicato tiene tomadas oficinas del Instituto Estatal de Educación porque no se ha respetado su privilegio de nombrar a los responsables de la educación en el estado. Tal vez no ha visto tampoco lo que ocurre en las escuelas normales de Oaxaca, donde un grupo de estudiantes hace huelgas y recurre a acciones violentas para exigir al gobierno de Oaxaca se le mantenga el privilegio de obtener plazas vitalicias de maestros sin tener que presentar exámenes que certifiquen sus conocimientos.

Quizá no ha visto tampoco el secretario lo que ha sucedido en el CCH, donde las autoridades de la UNAM han tenido que prometer impunidad a un grupo de encapuchados que agredieron a trabajadores en el CCH Naucalpan, destruyeron instalaciones universitarias y tomaron la dirección general de los CCH durante dos semanas. Gracias a sus actos violentos este grupo ha logrado que la UNAM se siente a discutir con ellos las modificaciones realizadas al plan de estudios de los CCH. O tal vez el secretario no está consciente de la situación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la que algunos grupos de interés, de dentro y de fuera de la institución, quieren destituir a la rectora Esther Orozco por el pecado de haber impulsado una mejora en el nivel académico de la institución.

La reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un objetivo loable: rescatar la rectoría que el Estado debería tener sobre la educación. Quienes se oponen a esta reforma afirman que el verdadero objetivo es privatizar la educación, pero en realidad son ellos quienes ya han privatizado para su beneficio algunas partes del sistema educativo, por ejemplo las plazas, que han sido compradas y heredadas durante mucho tiempo.

La rectoría educativa del Estado no es, sin embargo, un objetivo formal. No se trata simplemente de decir que el gobierno es más poderoso que los grupos de presión que han controlado el sistema educativo durante tanto tiempo. El propósito es mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Para esto es indispensable realizar mediciones sobre el desempeño de escuelas, maestros y alumnos, como ha establecido la reforma, pero también para que las mediciones se conviertan en la base de nuevas contrataciones e incluso de despido de profesores que no tengan la preparación suficiente. Esto último, sin embargo, lo impide la privatización de las plazas docentes, ya que las reglas actuales otorgan a los maestros estas plazas como si fueran de su propiedad.