John Stuart Mill escribió en su ensayo “Sobre la Libertad” (1859):

“El único fin por el cuál es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entrometa en la libertad de acción de uno de cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porqué lo haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo”.

La cita de Stuart Mill es relevante ante el “acuerdo” entre la Secretaría de Salud del Distrito Federal y los restauranteros para que quiten los saleros de las mesas, sin que ello prohíba que si un comensal desee sal adicional, el restaurante se la niegue. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la ingesta diaria de sal en México es de 11 gramos, cuando el máximo recomendable es de solo 5 gramos. El exceso en el consumo de sal es una de las principales causas de hipertensión (31% de la población mexicana la padece) y que puede derivar en un infarto cardiaco. En ese sentido es correcto, desde un punto de vista de política pública en materia de salud, desincentivar el consumo de sal.

El problema es si es o no justificable la “paternidad del Estado” para que cuide de nosotros mismos contra actos que cometamos por voluntad propia aunque ello atente “en contra nuestra”. ¿Dónde está el límite? ¿Quién decide?

El consumo excesivo de sal es solo un ejemplo, pero hay muchos otros: fumar causa cáncer y enfisema, ingerir bebidas alcohólicas puede derivar en cirrosis hepática, conducir un automóvil sin cinturón de seguridad puede causar heridas graves o inclusive la muerte en caso de un accidente, consumir drogas genera graves daños a la salud, tener relaciones sexuales sin una adecuada protección puede derivar en el contagio de enfermedades como gonorrea, sífilis o HIV. Y así muchos otros ejemplos. ¿Debe el gobierno intervenir en nuestras decisiones libremente tomadas para evitar que nos dañemos a nosotros mismos?

La respuesta es obvia: ¡no! No es papel del gobierno intervenir en decisiones que tomamos en el ejercicio de nuestra libertad. Prohibirnos comer sal, fumar, beber, tener relaciones sexuales con quien queramos, etcétera, atenta en contra de la libertad individual.

¿Cómo sí puede actuar el gobierno al respecto? Dos formas. La primera es a través de campañas de concientización, dotar a la población de información sobre las consecuencias de “malos hábitos”: por qué ingerir sal en exceso, fumar, consumir bebidas alcohólicas, consumir drogas, conducir sin cinturón de seguridad, etcétera, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas.

La segunda forma de intervención gubernamental es utilizar mecanismos de mercado para generar los incentivos que induzcan un cambio en el comportamiento de los individuos. Y aquí a lo que me refiero es a la utilización de impuestos cuando el costo social sea mayor al privado: impuestos a la sal, a los refrescos y bebidas endulzadas, a la comida chatarra, a los puestos callejeros de comida, a los cigarros, a las bebidas alcohólicas, a las drogas, a la comida preparada, a los embutidos, etcétera.

Como individuos, tenemos que estar siempre atentos ante los intentos gubernamentales de limitar nuestra libertad. ¡Si no peleamos por ella, no la merecemos!