México tiene un pésimo sistema educativo. Si bien éste se ha expandido en cobertura en las últimas décadas, su calidad ha tenido un deterioro marcado. Los estudiantes de preparatoria de hoy tienen a veces niveles de preparación similares a los que registraban hace algunos años los alumnos de quinto o sexto de primaria. Los problemas son particularmente severos en estados como Oaxaca y Guerrero.

No hay varitas mágicas que permitan resolver de un solo golpe el problema de la educación. Uno de los grandes obstáculos para mejorar la calidad de la instrucción es la enorme pobreza que agobia al país. Muchos de los maestros, y un gran número de alumnos, provienen de familias que han vivido durante generaciones en la miseria, en hogares sin libros y sin incentivos culturales. Lograr que estos alumnos y maestros puedan dar un salto a una educación razonable es una tarea muy difícil.

Ningún avance se podrá lograr si el Estado no logra medir el desempeño de maestros y escuelas. Por eso la reforma educativa impulsada por el gobierno federal propone el establecimiento de un instituto autónomo de evaluación educativa. La evaluación por sí sola no puede mejorar el nivel de la educación, pero sí permite a los responsables del sistema de educación pública identificar los puntos en que hay avances y aquellos en que se registran parálisis o retrocesos. También hace posible premiar a los mejores maestros y castigar a los peores.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha rechazado abiertamente la reforma educativa. Los dirigentes de este grupo disidente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sienten amenazados sus privilegios. Consideran que no debe haber evaluación o en todo caso que ésta debe ser controlada por su agrupación gremial. Sostienen que las evaluaciones no deben definir las contrataciones de maestros ni las promociones o las designaciones de directores de escuelas. Consideran además que en ningún caso las evaluaciones deben llevar a la destitución de maestros, independientemente de que tengan un desempeño muy pobre.

La CNTE está combatiendo la reforma con las tácticas que le han permitido obtener beneficios especiales a lo largo de varias décadas. Está organizando manifestaciones y bloqueos no solo de vías de comunicación sino también de comercios y negocios privados. Abiertamente busca dañar los intereses de terceros como una forma de chantajear al gobierno.

Los gobernadores perredistas de Oaxaca y de Guerrero, Gabino Cué y Ángel Aguirre, han cedido ante las presiones de la CNTE. Aguirre prometió en un principio no pagar los días en que los maestros de Guerrero no han trabajado por estar participando en protestas, pero al final terminó cubriendo las quincenas completas. Tanto él como Cué impulsaron contrarreformas educativas bajo la presión de la Coordinadora.

La gran pregunta es si el gobierno federal cederá como lo han hecho estos regímenes estatales. El secretario de educación del gobierno federal, Emilio Chuayfftet, dijo el 3 de abril que la CNTE debe negociar con el gobierno porque de lo contrario se le aplicará la ley. Esto significaría que los maestros que hubiesen acumulado más de tres faltas injustificadas, por estar participando en protestas, serían despedidos. Nunca un gobierno se ha atrevido a hacer esto.

El problema es que si el Estado no retoma realmente la rectoría del sistema de educación pública, y establece procedimientos que permitan elevar la calidad de la instrucción en el país, será imposible elevar el nivel de vida de la población mexicana o reducir de manera significativa la pobreza.