El general de división Tomás Ángeles Dauahare, quien hasta 2008 fue subsecretario de la defensa, fue detenido el 15 de mayo de 2012 acusado de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva. La acusación se basaba fundamentalmente en una prueba: el testimonio de un testigo protegido llamado Roberto López Nájera, al que se identificaba como “Jennifer”.

Este testigo fue muy activo en su colaboración con la Procuraduría General de la República en los tiempos en que Felipe Calderón fue presidente. Sus testimonios se usaron para detener a 35 políticos y funcionarios en el llamado michoacanazo, así como al subprocurador especializado en delincuencia organizada Noé Ramírez Mandujano. Además de usarse contra Ángeles Dahuare, se emplearon también como prueba para detener a otros funcionarios públicos y altos mandos del ejército.

Lo que hoy une a los acusados de este testigo es que han quedado en libertad. Uno tras otro los testimonios de “Jennifer” han sido demolidos. Y es que ni él, ni las autoridades que le han dado beneficios a cambio de sus declaraciones, se molestaron en que sus afirmaciones fueran siquiera verosímiles. De hecho, un juez federal ha pedido ahora a la PGR que inicie una investigación por falsificación de pruebas.

No debe asombrarnos que este testigo estrella mienta de la forma en que lo ha hecho. “Jennifer” no hace más que responder a una motivación natural del ser humano: obedecer a quien le paga o lo beneficia.

No es novedad que los llamados testigos protegidos, que las leyes denominan como testigos colaboradores, mientan en sus declaraciones. Lo han hecho siempre. Un testimonio veraz de un testigo colaborador es más la excepción que la regla. Sus incentivos están alineados para que diga lo que le conviene a la autoridad.

El problema es que buena parte del esfuerzo en contra del crimen organizado del ex presidente Felipe Calderón se basó en estos testigos protegidos. Ante la incapacidad de realizar un verdadero trabajo de investigación, y la presión del propio mandatario, las autoridades se dedicaron a inventar culpables. Después de todo, tenían que presentar a detenidos todos los días a los medios de comunicación.

Cuando los jueces empezaron a dejar en libertad a los acusados, advirtiendo que las acusaciones no se sostenían, la PGR los presionaba. Los que decretaron la libertad de los del michoacanazo, por ejemplo, fueron investigados judicialmente y hostigados. Con el cambio de administración, sin embargo, el nuevo procurador de la república, Jesús Murillo Karam, reconoció que en la mayoría de los casos en que se recurría al arraigo o a los testigos protegidos las pruebas eran insuficientes para lograr un fallo condenatorio.

Hoy muchos acusados han quedado absueltos. Pero los agravios no se borran tan fácilmente. Los acusados han perdido meses o años de libertad así como dinero. Su reputación, además, ha quedado marcada. Todo por el uso de testigos que claramente estaban mintiendo desde un principio.