Los senadores, ¡por unanimidad!, aprobaron la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, mostrando, ¡una vez más!, su ignorancia en materia de economía: a tales ignorantes no se les debe permitir legislar en cuestiones relacionadas con la economía.

Para entender mi crítica tengamos en cuenta los siguientes puntos. Primero: las dos principales variables de competitividad, por el lado de la oferta, son el precio y la calidad. Para que el precio pueda operar como tal se requiere que se fije libremente en el  mercado, en función del precio máximo al que los consumidores están dispuestos a comprar y el mínimo al que los oferentes están dispuestos a vender: entre estos dos límites se fijará el precio. Segundo: la fijación de un precio único, el mismo para todos los oferentes, favorece, ¡obviamente!, al oferente menos competitivo: ese precio deberá ser lo suficientemente elevado para que el oferente de mayores costos, por lo tanto el menos competitivo, permanezca en el mercado. Tercero: la fijación de un precio único beneficia al oferente menos competitivo y, en una proporción mayor, al más competitivo, por lo tanto al de menor costo: éste venderá a un precio mayor al que vendería sin la fijación del precio único. Cuarto: la fijación de un precio único, que beneficia a los oferentes, desde el menos hasta el más competitivo, perjudica a los consumidores, quienes pagan por la mercancía un precio mayor que el que pagarían sin la imposición del precio único.

¿Qué concluimos de lo dicho en el párrafo anterior? Que la fijación de un precio único es económicamente ineficaz: se “subsidia” a los oferentes poco competitivos y se “obliga” al consumidor a pagar un precio mayor, y moralmente injusta: se beneficia a unos, los oferentes, a costa de otros, los consumidores. Y eso, ineficacia económica e injusticia moral, es lo que propone la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, ya que contempla la fijación de un precio único para los libros, independiente de variables como lo son, desde la competitividad del oferente (sus costos de producción) hasta las condiciones generales del mercado (la relación entre oferta y demanda).

Quienes proponen el precio único para los libros no tienen la más mínima idea, ni de lo que es un precio, ni de qué tareas debe desempeñar, ni de cuáles son las condiciones requeridas para que las desempeñe de la mejor manera posible. No tengo el espacio para explicar cada uno de estos tres puntos, pero sí para afirmar que la imposición del precio único es un error (algo económicamente ineficaz) y un abuso (algo moralmente injusto), falta y arbitrariedad cometidos por los senadores, nada de lo cual fomentará, ni la lectura ni, por lo tanto, la venta de libros.

La fijación del precio único para los libros es una medida mercantilista, producto del contubernio entre los legisladores y la industria editorial, que les otorga un privilegio a los oferentes, al tiempo que les impone coerciones a los consumidores. Se trata, desde el momento en el que elimina al precio como factor de competitividad, de una medida contra la competencia y, por ello mismo, a favor de prácticas monopólicas que, según lo establecido en el artículo 28 constitucional, están prohibidas en los Estados Unidos Mexicanos. La imposición del precio único para los libros es una muestra más de lo poco que los legisladores toman en cuenta a los consumidores, que siempre son mayoría, atendiendo, no a las razones lógicas, pero si a los intereses pecuniarios, de unos cuantos oferentes. Es, al final de cuentas, la prueba de la ignorancia que, en materia de economía, afecta a nuestros legisladores, ante la cual debo insistir: a tales ignorantes no se les debe permitir legislar en cuestiones relacionadas con la economía.