Se ha especulado hasta el cansancio tanto en nuestro país como en el exterior cuál es la razón del viaje que inició la semana pasada el Presidente de Estados Unidos Barack Obama a México y que continuará yendo a Costa Rica donde se reunirá con los Presidentes de Centroamérica y de la República Dominicana.

Quienes son proclives a las teorías conspiratorias creen que la causa principal de su viaje, el segundo que emprende desde su toma de posesión para su nuevo período presidencial –en marzo pasado fue a Israel, Palestina y Jordania-, es para “leernos la cartilla” pues hay quejas de que México no está cooperando en materia de seguridad.

La reorganización del gobierno emprendida por el Presidente Enrique Peña Nieto, plantea cambios en la forma en que se llevará a cabo la coordinación/cooperación en el combate contra el narcotráfico pues ahora se concentra todo lo que tenga que ver con seguridad nacional en la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo a investigaciones periodísticas publicadas en EU las agencias vinculadas al tema en ese país se quejan de que el acceso que ahora tienen al nuevo gobierno no se compara con el que tenían en la administración de Felipe Calderón, en la que alardeaban su fácil acceso a los más altos funcionarios del gobierno de México.

Pero no es sólo un problema de método de trabajo, sino de definir los términos de la cooperación ante el radical cambio de prioridades del nuevo gobierno de México: abatir la violencia, principal agravio que ofende a los mexicanos, primero que nada, y no perseguir narcos como solía ser el caso.

Es en este contexto que habrá cambios de fondo en el trabajo común de ambos gobiernos, los que están aún por definirse, pero ciertamente algunas agencias de EU dedicadas a labores de “inteligencia,” como la DEA, seguramente verán disminuir su papel en el nuevo esquema de cooperación.

Ambos países han enfatizado la agenda económica y otros temas que resultan menos conflictivos como la razón principal del viaje de Obama a México, incluyendo la posibilidad de que, ahora sí y por primera vez desde 1986, haya cambios de fondo en la política migratoria de EU.

Para México es de la mayor importancia que EU cambie su actual sistema pues ello afecta directamente a millones de connacionales que viven en ese país en la zozobra de la ilegalidad y con el peligro de ser capturados y deportados, tema en el que Obama ha alcanzado nuevos récords.

Pero de ninguna manera se trata de negociar los asuntos migratorios como proponen algunos ilusos, pues se trata de un tema de la exclusiva decisión soberana de cada país y porque se está debatiendo en el Congreso de EU dónde la sola percepción de que hay presiones extranjeras para influir en esa legislación podría descarrilarla.

Cuando el proyecto migratorio –resumido en esta columna la semana antepasada- se convierta en ley, será oportuno sentarse con nuestros vecinos para discutir su aplicación, especialmente en cuanto al plan de otorgar visas a trabajadores temporales para así evitar los errores y abusos que se cometieron en el programa bracero que vigente entre 1942 y 1964.

En materia económica es mucho lo que se puede proponer para profundizar y ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dónde la agenda pendiente es amplia y bien conocida, empezando por la conveniencia de negociar futuros acuerdos de libre comercio como bloque y no individualmente.

Una fuente de preocupación en México y en mucho otros países que están recibiendo cuantiosos capitales golondrinos a resultas de la híper laxa política monetaria seguida por EU, y más recientemente también por Europa y Japón, es su impacto en la apreciación del tipo de cambio, lo que nos resta competitividad.

El peso se ha venido apreciando hasta alcanzar los 12.06 por dólar en abril pasado. Afortunadamente, el Banco de México no ha seguido la nueva moda de adoptar controles de cambios pero me da la impresión que ha pintado su raya alrededor de la cota citada y que intervendrá para impedir mayor apreciación.

Ello conlleva costos elevadísimos. Con reservas internacionales de 170 mil millones de dólares, que el Gobernador del banco central estima crecerán en 20 mil millones más, y si suponemos un diferencial de solo tres puntos porcentuales entre la tasa de Cetes y la que pagan los valores en los que se invierte la reserva, el costo sería de casi 6 mil millones de dólares anuales.

Como se puede apreciar, los presidentes no se quedarán sin temas de conversación.