En las últimas semanas ha habido tres choques de oferta significativos en el sector agropecuario: el virus aviar, el tomate verde y el limón. La consecuencia es naturalmente que, ante una menor oferta, los precios de estos bienes aumenten. Y entonces viene el clamor popular y de los políticos que siempre andan buscando donde “sacar raja”: ¡el gobierno tiene que intervenir y controlar los precios! Nunca perciben el choque negativo de oferta y cualquier aumento de los precios se lo atribuyen a los “voraces” comerciantes que solo están para “hambrear al pueblo” y de esta manera aumentar sus ganancias. Inclusive el PRD, ridículamente, amenazó la semana pasada de demandar al director de la PROFECO por no intervenir en el caso del pollo y el huevo.

El gobierno venezolano acaba de anunciar que ante el desabasto en papel de baño, importará 50 millones de rollos de este tan necesario producto higiénico. ¿Por qué pasó esto? Por una simple y sencilla razón: el gobierno decidió controlar su precio, desincentivando su producción y generando la escasez.

Los controles de precios han sido, al menos desde la época del Imperio Romano, recurrentemente empleados por los gobiernos para tratar de controlar el alza de los precios cuando se presenta un fenómeno inflacionario, causado siempre por el propio gobierno. La inflación es de por sí una de las peores distorsiones que el gobierno puede introducir en una economía, pero ésta se agrava todavía más si se quiere controlar la inflación a través de los controles de precios. Un control de precios es, aun en ausencia de inflación, una distorsión que conlleva un alto costo social.

Al imponerse un control de precios, obviamente por debajo del precio que regiría libremente en el mercado, se presentan dos efectos directos. Primero, al precio máximo establecido por el gobierno, la cantidad demandada aumenta. Segundo, al bajar la rentabilidad por una unidad producida, la cantidad ofrecida se reduce. Estos dos efectos en conjunto generan en el mercado un exceso de demanda: los consumidores desean adquirir una mayor cantidad de lo que los oferentes están dispuestos a producir y vender. ¿Cómo se raciona este exceso de demanda? Hay varias formas, pero en todas ellas pierden los consumidores, a quienes supuestamente el control de precios los beneficiaría.

El primero es por “colas”. Si no se puede violar el precio máximo, el racionamiento es por colas y el tiempo empleado en la cola cuesta; inclusive, levantarse más temprano para no hacer cola, cuesta. El segundo es la evasión del precio máximo por parte de los productores a través de diversos mecanismos: bajar la calidad del bien (más agua a la leche, menos huevo a las pastas, tortillas hechas con el olote de la mazorca), ventas atadas (condicionando la venta del bien sujeto al control de precios a la adquisición de otro bien), cambiando la presentación del bien (si la lata de sardinas de 90 gramos está sujeta a control, ofrecer latas de 100 gramos) y esconder el bien y negociar el precio. De cualquier manera, los consumidores siempre pierden: hay una menor cantidad ofrecida del bien y de alguna forma terminan pagando un precio mayor. Todo esto ya lo vivimos en México durante el periodo 1973 – 1989 y nos costó mucho, pero al parecer no hay memoria.

El tercer párrafo del artículo 28 constitucional señala: “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular…”. Hay que derogarlo.