Varios estimados lectores preguntaron sobre mi columna de la semana pasada si los escándalos en Washington que relaté eran sólo motivados por la oposición política más radical al Presidente de EU, Barack Obama o si, como yo insinué, adquirieron su propia inercia política, o para decirlo coloquialmente ya “tienen patas.”

Sólo enumeré tres de los escándalos que actualmente afligen al gobierno de EU: el asalto en el consulado en Bengazi que llevó a la muerte de cuatro de sus ciudadanos incluido el embajador en Libia; la persecución sin precedente de delatores en el gobierno y sus contactos en la prensa; y el acoso de las autoridades tributarias (IRS) a organizaciones de ideología opuesta a la de Obama y su gobierno.

Omití citar otro escándalo más antiguo y respecto al cual muchos creemos que no se ha tocado fondo en la investigación: la operación “Rápido y Furioso,” efectuada por la agencia del gobierno a cargo de controlar alcohol, tabaco, explosivos y armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés), para contrabandear armas de alto poder a México, rastrearlas e identificar a sus usuarios, pero a las que le perdieron la pista.

Éste escándalo, que sin duda alguna es el que más funestas consecuencias tuvo en nuestro país, dónde ni siquiera hay un estimación precisa de cuantos mexicanos murieron con las armas contrabandeadas por ATF –según el gobernador de Texas fueron 300-, se mantiene vigente por la iniciativa de varios legisladores republicanos.

Pero en el corazón de todos estos escándalos de políticas públicas ilegales o fallidas, con excepción de Bengazi, hay un personaje central cuyo desempeño es cuestionado con creciente intensidad, el Procurador de Justicia federal Eric Holder, pues el Departamento de Justicia (DdeJ) que él encabeza, es responsable de todos ellos.

En efecto, ATF es una dependencia del DdeJ que, como su nombre revela, tiene sus orígenes en el esfuerzo del gobierno de EU por cobrar impuestos a los fabricantes y vendedores de bebidas alcohólicas y tabaco, entidad de desempeño lamentable a la que se le han agregado funciones, como controlar el tráfico de armas y explosivos.

En el caso del espionaje a decenas de periodistas en la pesquisa dentro del gobierno de soplones de “información crítica para la seguridad nacional,” la autorización para intervenir sus teléfonos y correos electrónicos, vino directamente del DdeJ, y la investigación que ha abierto el FBI –dependencia también del DdeJ- la ordenó Holder.

Caso especial del espionaje a periodistas es el de James Rosen, corresponsal en jefe de Fox News en Washington: el DdeJ no sólo ordenó intervenir sus llamadas y correos sino que lo declaró coacusado con el empleado del Departamento de Estado que le pasó información sobre Corea del Norte, y pidió su arraigo en la capital de EU.

El Procurador Holder declaró bajo juramento que él no perseguía a periodistas, solo para revelarse poco después que la solicitud para intervenir las comunicaciones de Rosen con un juez “a modo” –el tercero de los visitados por fiscales del DdeJ-, iba firmada por el propio Holder.

Estos casos llevaron a la inevitable comparación con el abuso de poder perpetrado por el Presidente Richard Nixon en los años setenta en el escándalo de Watergate que culminó con su renuncia, no tanto por los delitos cometidos en la acusación original sino por el encubrimiento subsecuente que llegó hasta la Casa Blanca.

Por último, el galimatías de la persecución emprendida por el IRS a organizaciones políticas de ideología opuesta a la del gobierno, es quizá el que más “patas” tenga por la íntima relación de los habitantes de EU con el recaudador de impuestos y el miedo que ésta agencia concita entre los causantes.

Es difícil de creer que la Casa Blanca no estuviera al tanto de las actividades del IRS cuando su comisionado Douglas Schulman la visitó en 118 ocasiones entre 2010 y 2011, tradición que se mantuvo con su sucesor –hoy cesado por Obama-, mientras que el comisionado en tiempos de George W. Bush fue una sola vez en cinco años.

El desempeño de los funcionarios del IRS en su testimonio ante el Congreso, y la negativa a testificar de una de ellos, después de declarar su inocencia –lo que según muchos invalida su rechazo a declarar-, fue francamente patético e irremisiblemente lleva a concluir o que se trata de retrasados mentales o que mienten para encubrir una conspiración que quién sabe qué tan lejos llegue.

Y el encargado de investigar este caso también es…, ¡Eric Holder, amigo íntimo de Barack Obama!