La economía mexicana experimentó una significativa desaceleración durante el primer trimestre de este año, al crecer a una tasa anual de 0.8%, explicado en parte por un efecto calendario. Pero inclusive aún eliminando este factor y tomando el dato del PIB desestacionalizado, la tasa anualizada de crecimiento fue solo 1.8%, la menor de los últimos dos años e inclusive inferior a la cifra comparable del crecimiento de Estados Unidos (2.3%). La desaceleración, atribuible a un menor dinamismo de las exportaciones, particularmente las no petroleras, y que continuó durante el mes de abril, se aunó con menor gasto del gobierno federal, lo que impactó negativamente el crecimiento de la demanda agregada. Es básicamente por esta evolución que el gobierno revisó a la baja su estimación de crecimiento para todo este año a 3.1%, nuevamente una tasa notoriamente mediocre e insuficiente para alcanzar objetivos como la reducción de la pobreza y el incremento en el empleo y en los salarios reales.

En este contexto de desaceleración, y después de cinco meses de frenesí, estamos en un impasse legislativo, no solo porque finalizó en abril el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, sino porque no parece haber prisa ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo para continuar con el proceso de modernización de muchas y muy importantes preceptos legales. La crisis en la que entró el Pacto por México, que llevó a agregarle un capítulo de reforma política para salvarlo, detuvo todo. Y, como atinadamente señaló Verónica Ortiz el viernes pasado, estamos en peligro de utilizar la reforma política como “un arma de chantaje al partido vencedor”, en este caso el PRI o, peor aún, “si la mira está puesta no en el mejoramiento de nuestro sistema democrático, sino en descarrilar los urgentes debates en materia fiscal y energética”.

Resulta realmente preocupante que el Poder Ejecutivo, a meses de haberse aprobado la reforma constitucional en materia educativa, no haya enviado al Congreso las modificaciones necesarias a la legislación secundaria, no porque éstas pudiesen impactar en el corto plazo sobre el crecimiento económico, sino porque entre más se retrase su instrumentación, mayor será también el tiempo en que esta reforma tenga un efecto positivo sobre la calidad de la educación y, más tiempo se da, simultáneamente, para que se conforme una mayor oposición a la reforma.

Prácticamente lo mismo puede decirse de la reforma en telecomunicaciones. Si no se hacen los cambios legales que tienen que seguir se retrasará la inversión nacional y extranjera en este sector y mientras seguirán prevaleciendo las prácticas monopólicas que tanto impacto negativo tienen sobre los consumidores y sobre la productividad de la economía.

¿Y qué puede decirse de la reforma financiera? La iniciativa de reforma a varias leyes ya se envió al Congreso pero ahí no tienen ninguna prisa por analizarlas y dictaminarlas y menos aún convocar a un periodo extraordinario de sesiones, siendo que estas reformas sí podrían tener un impacto positivo y en el corto plazo sobre el crecimiento económico.

Estamos en peligro, vale la pena reiterarlo, de que la discusión que se viene de la reforma política – electoral entrampe todo, no solo la discusión sobre las otras grandes reformas (energética, fiscal, seguridad social, etcétera), sino que en lo que ya se avanzó no se siga progresando, porque ello condenaría a la economía a seguir teniendo un desempeño por demás mediocre con tasas de crecimiento que difícilmente rebasarían el 4% anual. El país tiene prisa; ¿lo entenderán en el gobierno?