En 2012 el Gobierno Federal cobró 15 impuestos distintos y recaudó 1,314,465 millones de pesos, con los cuales pagó por las múltiples tareas que llevó a cabo, la mayoría de las cuales nada tienen que ver con sus legítimas funciones: 1) garantizar la seguridad contra la delincuencia; 2) impartir justicia (lo cual supone que falló en la realización de la primera labor); 3) proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban proveerse (por ejemplo: alumbrado público o alcantarillado); 4) ordenar la convivencia en los espacios públicos (por ejemplo: colocar semáforos o parquímetros). ¿Cuánto se hubiera necesitado, en 2012, para pagar por esas tareas, las que legítimamente le corresponden al gobierno, aquellas a las que no puede renunciar sin dejar de serlo? Veámoslo.

Los poderes y las dependencias involucradas en las tareas de garantizar la seguridad contra la delincuencia y de impartir justicia, con sus respectivos presupuestos, para 2012, fueron: Poder Legislativo: 10,987 millones de pesos; Poder Judicial: 42,583 millones; Secretaría de la Defensa Nacional: 55,611 millones; Secretaría de Marina: 19,680 millones; Secretaría de Seguridad Pública: 40,537 millones; Procuraduría General de la República: 14,905 millones, lo cual da un total de 184,303 millones de pesos.

¿Cuánto se hubiera necesitado el año pasado para pagar por la provisión de los bienes y servicios públicos (ojo: que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban proveerse), y por la organización de la convivencia en los espacios públicos (ojo: lo cual no supone, ni la provisión de albercas en el verano, ni el surtido de pistas de hielo en el invierno, ni otras muchas tareas propias de los ángeles de la guarda y las hadas madrinas, pero no del gobierno)? Para darnos una idea considero el presupuesto (para 2012) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, con la intención de no quedarme corto, lo multiplico por dos, y ésta es la cifra: 171,088 millones de pesos.

Sumando los 184,303 millones de pesos correspondientes a seguridad y justicia, y los 171,088 millones debidos a bienes y servicios públicos, y al ordenamiento de la convivencia en los espacios públicos, obtenemos esta cifra: 355,391 millones de pesos. ¿Con qué impuesto se hubiera financiado dicho gasto? Con un Impuesto Único a las Ventas, IUV, del 2.6 por ciento. Sí: ¡del 2.6 por ciento!, lo cual nos da una idea de lo que nos cuesta a los contribuyentes un gobierno que, además de ser gobierno, y de serlo dejando mucho que desear (¿cómo andamos en materia de seguridad contra la delincuencia y de impartición de justicia?), pretende ser desde ángel de la guarda, con la intención de preservarnos de todos los males (por ejemplo: la obesidad, misma que es responsabilidad de cada quien), hasta hada madrina, con el propósito de concedernos todos los bienes (por ejemplo: seguros de vida, mismos que son responsabilidad de cada cual), gobiernos ángel de la guarda y hada madrina que se sintetizan en el gobierno benefactor, que es esencialmente redistribuidor: les quita a unos para darles a otros.

Continuará.