Si en 2012 el Gobierno Federal se hubiera limitado a garantizar la seguridad contra la delincuencia; a impartir justicia; a proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban proveerse; y a ordenar la convivencia en los espacios públicos, se hubiera necesitado (véase la entrega anterior) un presupuesto de 355,391 millones de pesos, que podría haberse financiado con un Impuesto Único a las Ventas, IUV, del 2.6 por ciento, recaudación que se hubiera destinado a financiar las legítimas tareas del gobierno, que tienen, como común denominador, no suponer la redistribución del ingreso, tal y como es el caso de las cuatro tareas antes mencionadas, ninguna de las cuales supone que el gobierno les quita a unos para darles a otros.

El sistema fiscal correcto es aquel que, desde la perspectiva tributaria, y con relación a la tasa impositiva, les quita a todos por igual (no hay redistribución en el cobro de impuestos), y que, desde la perspectiva presupuestaria, les da a todos por igual (no hay redistribución por el lado del gasto), lo cual se logra cobrando el IUV y destinando lo recaudado a garantizar la seguridad contra la delincuencia; a impartir justicia; a proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban proveerse; y a ordenar la convivencia en los espacios públicos, nada de lo cual supone redistribución.

Me queda claro que ningún gobierno, ¡mucho menos éste!, llevará a cabo una reforma fiscal que dé como resultado lo expuesto en el párrafo anterior, ello debido a que gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir, debiendo aclarar que hay de redistribuciones a redistribuciones, ya que una es la redistribución para ayudar a los más pobres en materia de alimentación, salud y educación, es decir: la que tiene como meta la satisfacción de necesidad básicas, de cuya satisfacción depende la salud o la vida de la persona, y otra la redistribución que se lleva a cabo para, por ejemplo, subsidiar la cultura y las artes, o para auxiliar al deporte, todo lo cual tiene que ver, no con la satisfacción de necesidades básicas, sino la defensa de intereses, ¡algo muy distinto! Una cosa es que el gobierno obligue a Pedro a entregarle parte del producto de su trabajo (que eso es lo que hace al cobrarle impuestos) para darle de comer a Juan (de lo cual depende su salud o su vida), y otra muy distinta que le cobre impuestos para subsidiar la filmación de la película de José o la preparación deportiva de Felipe. A la primera redistribución se le puede encontrar “justificación”, ya que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. A la segunda, que tiene que ver con la defensa de intereses, no.

¿A cuánto hubiera ascendido el presupuesto del Gobierno Federal en 2012 si, además de las cuatro tareas mencionadas en el primer párrafo, hubiera redistribuido a favor de la alimentación, la salud y la educación de los pobres? ¿Con qué IUV se hubiera pagado?

Continuará.