Hace un par de días, Grace Pérez-Navarro, Directora Adjunta de Impuestos de la OCDE, afirmó que, dada la baja recaudación de impuestos en México, y ante la expectativa de una propuesta de reforma fiscal de parte del Ejecutivo, "no van a poder (los recaudadores) solucionar el problema (de la baja recaudación) con un sólo impuesto (es decir: poniendo atención un uno solo de los muchos impuestos que ya se cobran a nivel Federal), así que van a tener que establecer unos impuestos más altos de los que ya tienen y, a lo mejor, unos impuestos nuevos", todo lo cual muestra, para empezar, la ligereza con la que los burócratas (porque eso, burócrata, es Pérez-Navarro), hablan de cobrar más impuestos, es decir, de meter, más de lo que ya la meten, la mano en el bolsillo de los contribuyentes, obligándolos a entregarle al recaudador una mayor parte del producto de su trabajo, lo cual, si dicho dinero no se usa, con honestidad y eficacia, para financiar las legítimas tareas del gobierno, que tienen como común denominador no ser redistributivas, hace que el cobro de impuestos degenere, tal y como lo ha hecho en México, en un robo con todas las de la ley.

Debe de quedar muy claro: el principal problema fiscal en México no se encuentra en el frente tributario, sino en el presupuestario, y consiste en que el gobierno gasta en cosas que no debe gastar (siendo, por ejemplo, desde el mecenas de las artes -CONACULTA- hasta el promotor del deporte -CONADE-), razón por la cual de entrada gasta más de lo que debe, sin pasar por alto que en muchos casos, ¿la mayoría?, gasta de mala manera (por ejemplo: subsidiando la oferta en vez de la demanda, tal y como sucede, buen ejemplo, en el caso de la educación).

Para verificar las dos primeras afirmaciones -el gobierno gasta en lo que no debe, razón por la que gasta de más- basta revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación y preguntarse cuántas de esas partidas de gasto tienen que ver con las legítimas tareas del gobierno que son: garantizar la seguridad contra la delincuencia; impartir justicia; ofrecer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban ofrecerse (por ejemplo: drenaje y alumbrado); ordenar la convivencia en los espacios públicos (por ejemplo: poner semáforos y parquímetros), legítimas tareas del gobierno que tienen el siguiente común denominador: no son redistributivas, es decir, el gobierno no le quita a A, lo que es de A, para darle a B, lo que no es de B, quita y da que es la esencia del llamado gasto social, en supuesto beneficio de los pobres (y no tan pobres).

Para verificar la última afirmación -el gobierno gasta de mala manera- basta comparar los propósitos con los resultados (por ejemplo: combate a la pobreza; hoy poco más del 50 por ciento de la población sobrevive en la pobreza). 

Lo dicho por Pérez-Navarro es una ocurrencia, como demostraré en la siguiente entrega.

Continuará.