A los consumidores lo que nos conviene es menores precios y mayor calidad. ¿Cuál es la única manera de conseguirlo? Por medio de la competencia entre oferentes.

En el artículo 28 constitucional se afirma que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios (y) las prácticas monopólicas”, de tal manera que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia (...) todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios (...) que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí....”, lo cual incluye, respetando el espíritu del texto constitucional, la manipulación de las leyes con ese fin: limitar la competencia.

El artículo 28 constitucional ha sido redactado, ¡como debe ser!, pensando en el interés del consumidor a quien lo que le conviene es la combinación menores precios - mayor calidad, que se logra, únicamente, a través de la competencia entre oferentes, independientemente de qué mercancía se trate, al margen del mercado en cuestión.

Teniendo presente todo lo anterior, ¿cómo explicar la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, recientemente aprobada por el Senado, que limita la competencia al otorgarle, a los concesionarios que ya operan, el poder de transmitir, a través de las frecuencias que ya tienen asignadas para fines de radiodifusión, telefonía y datos, sin el requisito de la licitación o el concurso, dejándole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el poder de decidir si exige, o no, el pago de una contraprestación por el servicio y, si lo exige, el de determinar el monto de la misma. Cualquier empresario interesado en ofrecer algún servicio de telecomunicación, y que no cuente con una concesión de radiodifusión, está marginado de esta posibilidad, limitándose así la competencia, razón por la cual se viola lo establecido en el artículo 28 de la Constitución y se actúa en contra de los intereses de los consumidores.

Dicho de otra manera: el servicio de transmisión de datos y telefonía, de parte de las empresas concesionarias ya existentes, será autorizado sin que las mismas tengan que licitar o concursar, concurso y licitación al que sí están obligados los empresarios que, sin contar con una concesión de radiodifusión, quieran participar en ese mercado.

¿De qué se trata? De un privilegio otorgado a unos y, por ello mismo, de un perjuicio impuesto a otros. Se trata de una injusticia, ¡avalada por una ley!

¿De qué se trata? De una medida que limita la competencia, permitiéndole, a quienes llevan a cabo prácticas monopólicas, obtener rentas, es decir, cobrar un precio mayor, u ofrecer con una calidad menor, del que cobrarían u ofrecerían si hubiera competencia.

¿De qué se trata? Del mercantilismo, es decir, del contubernio entre el poder político (el legislativo en este caso) y el económico (el de Televisa), por medio del cual el primero otorga privilegios al segundo, no pudiendo dejar de preguntarme, ¿a cambio de qué?

Por último recordar que el 1 de diciembre del 2000, Vicente Fox juró, ante todos nosotros, respetar y hacer respetar la Constitución. Hoy contamos con una ley que viola lo establecido en el artículo 28 constitucional. ¿Será mucho pedir que Fox cumpla su palabra y vete la nueva ley? Ya veremos.