Muchas mentiras se esgrimieron en la batalla política por la nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Se dijo que la nueva ley promovería la concentración de emisoras en unas cuantas manos, cuando es la actual ley la que ha permitido esa concentración. Se afirmó también que la legislación acabaría con la televisión y la radio públicas de nuestro país, pero nadie pudo encontrar nunca el artículo que supuestamente decretaba el fin de las emisoras públicas.

La nueva legislación no es perfecta. De hecho, los propios senadores que la aprobaron están ya considerando una serie de modificaciones que resolverían algunos de los problemas que se le han señalado. Pero la prisa por aprobarla tenía una razón. Si no se hacía esto ahora, habría terminado el sexenio sin eliminar las graves deficiencias de la vieja ley.

El principal problema de la legislación anterior era la discrecionalidad que se le daba al presidente de la república tanto para la asignación como para la cancelación de concesiones. El gobierno podía dar por terminada una concesión en el momento en que quería y sin necesidad de dar explicaciones. Esto servía como arma de chantaje en contra de las emisoras, las cuales debían por lo tanto ajustarse a las disposiciones del gobernante en turno. La discrecionalidad en entrega de concesiones permitió también que la mayoría de las que se concedieron en televisión se le dieran a una misma empresa, Televisa.

La nueva ley establece reglas más claras en la asignación de espectro radioeléctrico. Los aspirantes a emplearlas deben cumplir en primer lugar con los requisitos de ley, pero una vez que lo hacen licitan por la frecuencia. Se elimina el regalo de las concesiones a los amigos y aliados políticos de los presidentes. Esto por sí solo hace que haya valido la pena la aprobación de la nueva ley.

Muchos de los grupos que se opusieron públicamente a la ley tienen designios para obtener nuevas concesiones, pero no quieren competir por ellas. Las quieren sin competencia y regaladas. Si Televisa se benefició durante tantos años de un sistema injusto, preguntan, por qué no deben ellos beneficiarse también.

La verdad es que nuestro país no puede ya seguir teniendo este tipo de reglas. Por razones de seguridad jurídica, y de simple justicia, tiene que haber reglas claras que permitan el acceso a las concesiones y que permitan conservar éstas sin importar que no sea uno cercano al presidente en turno.

Hay otros puntos de la ley que no me gustan. Y es bueno que los senadores estén empezando a analizar cada uno para buscar posibles modificaciones. Pero me queda claro que si estas modificaciones se hubieran hecho a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, de manera que la iniciativa hubiera tenido que regresar a la cámara de origen, la legislación se habría quedado en el limbo indefinidamente. Y eso habría sido inaceptable para quienes pensamos que la actual ley es una amenaza constante a la libertad de expresión en nuestro país.