En el pasado Foro Económico Mundial, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, apuntó que sería en febrero cuando se daría a conocer el Acuerdo de Estabilidad Tributaria, apunte que parte del reconocimiento, ¿o no?, de que la total y absoluta discrecionalidad del gobierno, tanto por el lado del Ejecutivo, como del Legislativo, a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, es un hecho que abona a favor de la inseguridad jurídica, ¡la peor de las inseguridades!, y de la desconfianza entre los agentes económicos, ¡veneno puro para el progreso económico!, inseguridad y desconfianza que hay que eliminar, y por ello la propuesta a favor del Acuerdo de Estabilidad Tributaria.

Llegamos ya a la mitad de febrero, y lo único que se ha dicho y hecho en torno al mentado acuerdo es la promesa del mismo Videgaray de que, en los próximos tres años, no habrá cambios en materia de impuestos, lo cual, de cumplirse tal palabra, es positivo porque elimina la posibilidad de inventar nuevos impuestos y/o de elevar las tasas de los que ya se cobran, pero también negativo, porque ello quiere decir que en los próximos tres años no existirá posibilidad de eliminar impuestos y/o reducir las tasas de los que ya se pagan, lo cual supone que seguiremos padeciendo el engendro tributario, que se agravó con la última “reforma” fiscal, cuyas consecuencias se sufren desde el pasado 1 de enero.

Si el Acuerdo de Estabilidad Tributaria se limita, ¡y todo indica que así será!, a la promesa de Videgaray, servirá de muy poco, sobre todo si de lo que se trata es de, ¡tal y como debe ser!, eliminar la inseguridad y la desconfianza que ocasiona el principal problema tributario de este país: la completa e incondicional discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, con relación a la cual se tendrá, de cumplirse la palabra del secretario, una tregua de tres años, pero nada más, lo cual plantea la siguiente pregunta: y a partir de 2017, ¿qué?

Al margen de la respuesta a esta pregunta, no puedo dejar de plantear esta otra: ¿por qué la tregua tributaria llegará hasta el 2016 y no hasta el 2018, año que caerá dentro del sexenio de Peña Nieto? La respuesta, ¿tendrá algo que ver con el hecho de que ese año será el de la elección presidencial? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué tiene que ver lo uno –fin de la tregua tributaria (posibilidad de cobrar más impuestos)– con lo otro –campañas electorales (necesidad de más dinero)–?

Y la pregunta más importante de todas. ¿Por qué hoy, inicio de 2014, y no ayer, principio de 2013, la propuesta a favor del Acuerdo de Estabilidad Tributaria? Sencillo: porque esta administración ya se aprovechó de la total y absoluta, incondicional y completa, discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos, la misma que hizo posible la última “reforma” fiscal.