En los últimos días pocos temas han ocupado tanto lugar en la agenda política y en los medios de comunicación argentinos como la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no dar lugar a la revisión del fallo vinculado a los holdouts, reafirmando así la exigencia del pago de la deuda a los acreedores de nuestro país. Más allá de las distintas cuestiones legales y económicas involucradas, el vergonzoso tratamiento que el gobierno nacional le ha dado al tema ha demostrado ante la comunidad internacional la existencia de abismales diferencias culturales entre nuestro hoy desvalijado país y la tan criticada república norteamericana.

Mientras que los Estados Unidos, con su sofisticada cultura anglosajona, han hecho gala de una impecable independencia judicial, nuestros gobernantes se han encargado de mostrarle al mundo su cara más pueblerina y la desfachatada informalidad que caracteriza a su forma de manejar el poder. La administración de Fernández de Kirchner está acostumbrada a manejarse como si en el resto del globo se moviera todo con la misma desconsideración y desparpajo que la amplia mayoría de los argentinos ha tenido que acostumbrarse a tolerar. Por ese motivo intentó enviar funcionarios a los Estados Unidos a “negociar con el juez”[1] cuando realmente deberían haber comenzado por honrar la palabra empeñada y en el peor de los casos, seguir el consejo del poder ejecutivo norteamericano e intentar negociar de buena fe con los acreedores, es decir con la contraparte y no con el juez. La independencia del poder judicial de los Estados Unidos parece ser un hecho intolerable para nuestros gobernantes que llegaron al ridículo de pensar en solicitar al Presidente Barak Obama que intercediera por nuestro país ante la corte.

Mientras los acreedores y el sistema judicial de los Estados Unidos han sido muy directos en todas sus exigencias y condiciones, los inquilinos de la Casa Rosada se enfocaron en proyectar una imagen que simula la intención de cumplir con sus deudas contraídas en el exterior. De ahí el estratégico viaje a Europa del Ministro Axel Kicillof para “negociar y llegar a un acuerdo” con el Club de París, estrategia que se publicitó localmente hasta el hartazgo en todos los medios oficiales. A este respecto, los analistas económicos serios de Argentina aclararon que dicho acuerdo no podría jamás haber sido formalizado, ya que para que así fuera, el ministro debería haberse reunido y firmado un acuerdo por separado con cada país miembro del club[2].

Mientras los medios de prensa independientes de los Estados Unidos han sido muy cuidadosos en relación al respeto del estado de derecho a la hora de analizar el tema – en contra o a favor del pago a los holdouts – nuestro gobierno nacional se enfocó en internacionalizar la idea de unos supuestos “fondos buitre” que quieren acabar con nuestro país y el sistema financiero internacional. Nada está más lejos de la realidad. Los fondos que fueron estratégicamente apodados “buitre” por el aparato propagandístico de Fernández de Kirchner, son en realidad fondos de inversión libre que adquieren títulos de deuda pública de una entidad que se considera en crisis, es decir que están conformados por las deudas de estados y empresas a un valor menor al nominal, asumiendo de este modo los prestamistas el riesgo de llevar adelante las negociaciones o acciones judiciales necesarias para cobrar el 100% de su valor. El tan citado fallo del Juez Thomas P. Griesa del distrito sur de Nueva York no ha hecho más que exigir el cumplimiento de la palabra empeñada. Cuando uno contrae una deuda lo que corresponde es asumirla. ¿Usted le enseñaría a sus hijos lo contrario?

La deuda contraída por el gobierno nacional fue firmada libre y voluntariamente por todas las partes involucradas, y pudiendo haber elegido regirse bajo las leyes de cualquier país del mundo, nuestro gobierno aceptó regir el compromiso bajo las leyes vigentes en los Estados Unidos. Ante el incumplimiento del pago, el juez a cargo de la causa falló ateniéndose a la letra de lo firmado y por ende basándose en las leyes de su país, y eso fue lo que irritó a nuestra presidenta y a sus ministros, tan acostumbrados a abusar de su poder y a arrasar con lo institucional fronteras para adentro. Salieron entonces a hacer gala de la barbarie en la que nos tienen sumidos y realizaron un pago parcial que tuvo por objetivo poner al juez Griesa en la mira de los medios de prensa y hacerlo quedar como el culpable del inevitable default que se viene. El magistrado supo reaccionar a tiempo y dispuso que dichos fondos fueran devueltos a Buenos Aires. La barbarie cultural primó una vez más en nuestro país y el equipo de Fernández de Kirchner se enfocó en inventar un culpable en el extranjero en lugar de negociar una solución aceptable para todas las partes.

A nivel local, el gobierno nacional se tomó la molestia de reunir a los músicos y bufones de la Casa Rosada para que firmen un documento titulado "La cultura le dice no a los buitres" al que decidieron sumar su adhesión Charly García, Hugo Arana, Alejandro Awada, Patricio Contreras, Horacio Fontova, Gustavo Santaolalla, Arturo Bonín, Lito Vitale, Ricardo Forster, Alejandra Darín, Horacio González, Juan Sasturain, María Seoane, Jaime Torres, Darío Grandinetti, Eduardo Jozami, Cecilia Todd, Vicente Battista, Taty Almeida, Raúl Rizzo, Eduardo Fabregat y Taty Almeyda, entre otros[3]. Mientras tanto, en el resto de América Latina, los presidentes de los países alineados con Cuba y Venezuela han manifestado su apoyo incondicional a Cristina Fernández de Kirchner. Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica, Dilma Roussef, Daniel Ortega, y hasta la mismísima OEA y el Parlatino han manifestado su repudio a los supuestos “fondos buitre” y todos los días se suma alguno más frente a las cámaras del canal Telesur teledirigidas desde La Habana[4].

La realidad es que el choque de culturas era vergonzosamente previsible. En los últimos meses hemos demostrado fehacientemente la ignorancia y la falta de mundo de nuestros funcionarios. Nuestros auténticos buitres locales continúan hoy empecinados en no honrar los compromisos contraídos al costo que sea, incluso conduciéndonos a todos los argentinos una vez más al abismo de un nuevo default. A quien por el momento ocupa el sillón de Rivadavia le cuesta entender que en este mismo mundo hay repúblicas de verdad, donde existe la separación de poderes y por ende se respeta la independencia judicial. Es hora de aceptar que en otros países occidentales la civilización logró triunfar sobre la barbarie, aunque en nuestra Argentina la civilización se encuentre en preocupante retroceso y la “virtud local” sea, en el mejor de los casos, la viveza criolla. A quienes nos preocupa el futuro de nuestros eventuales descendientes, debe quedarnos claro, hoy más que nunca, que la batalla cultural contra la barbarie en nuestro país es más que prioritaria.

*Daniela E. Rodríguez es Directora de Programas de la Fundación HACER en Argentina, es Licenciada en Ciencia Política egresada de la Universidad de Villa María y colabora con el equipo de investigación de HACER en Washington DC.

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