El subsidio (llamarlo financiamiento es incorrecto) que se le otorga a los partidos políticos es una de las muchas prácticas redistributivas que el gobierno lleva a cabo, práctica que ahora, con el surgimiento de tres nuevos partidos políticos, de manera por demás injusta, y por ello mismo vergonzosa, se agudizará. Allí están ya MORENA, el Partido Humanista, y el Partido Encuentro Social, a cuyos integrantes, al igual que a los miembros de los otros partidos, no les causa menor remordimiento de conciencia el que sus ingresos provengan del subsidio, es decir, de la redistribución del ingreso.

A mí el gobierno me obliga, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de mi trabajo, y con una parte de esa parte subsidia a los partidos políticos, lo cual supone, ¡ojo!, que me obliga a subsidiar a grupos de interés (los partidos políticos) a los que voluntariamente no estoy dispuesto a subsidiar. ¿Es justo? Por supuesto que no.

Una cosa es que el gobierno me obligue, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de mi trabajo, para con ella garantizarnos, a todos por igual (a todos por igual, por lo tanto no hay redistribución), la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia (asegurar los derechos de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada), y otra muy distinta que me obligue a ello para subsidiar a los partidos políticos, subsidio que sí supone, tal y como sucede con cualquier subsidio otorgado por el gobierno, la redistribución, que es robo legal, recordando que el adjetivo legal no le quita lo injusto al sustantivo robo.

Estoy en contra del subsidio a los partidos políticos, porque ello supone que el gobierno hace algo que no debería, mucho menos cuando de defender intereses pecuniarios se trata: redistribuir. Pero el que esté en contra del subsidio a los partidos políticos no quiere decir que esté en contra de los partidos políticos, siempre y cuando estos sean subsidiados voluntariamente por sus miembros, simpatizantes, seguidores, correligionarios, y demás personas afines a sus idearios, plataformas, propuestas, etc. Estoy consciente de la cantidad de objeciones que se le han puesto, y que se le pueden poner, al subsidio privado a los partidos políticos, sobre todo como único medio de allegarles recursos, y de los excesos y defectos que ello puede generar, pero no dejo de preguntarme si el subsidio gubernamental, producto de la redistribución, no ocasiona excesos y defectos más graves que el subsidio privado. Posible exceso: más partidos de los necesarios. Posible defecto: muchos partidos inútiles.

¿Qué es lo que, en México, y desde el punto de vista jurídico, justifica el subsidio gubernamental a los partidos políticos? Respuesta: el artículo 41 constitucional.

Continuará.