Algunos lectores, conocedores de mi postura liberal, y por lo tanto a favor de la libertad y la propiedad, me preguntan la razón por la cual cuestioné la nueva Ley Federal de Radio y Televisión que, ¡obviamente!, elimina excesos y defectos que la vieja legislación tenía en contra, ¡precisamente!, de la libertad y la propiedad: de la propiedad “concesionada” de los medios electrónicos de comunicación (¿es verdadera propiedad la que resulta producto de una concesión gubernamental?) y, por lo tanto, de la libertad de expresión (¿qué tan libre puede ser la expresión que se transmite a través de un medio de comunicación concesionado por el gobierno?).

Lo ha señalado, con toda claridad, Sergio Sarmiento: “El principal problema de la legislación anterior era la discrecionalidad que se le daba al presidente de la república tanto para la asignación como para la cancelación de concesiones. El gobierno podía dar por terminada una concesión en el momento en que quería y sin necesidad de dar explicaciones. Esto servía como arma de chantaje en contra de las emisoras, las cuales debían por lo tanto ajustarse a las disposiciones del gobernante en turno. La discrecionalidad en entrega de concesiones permitió también que la mayoría de las que se concedieron en televisión se le dieran a una misma empresa, Televisa”. En tales circunstancias, ¿se puede hablar de propiedad y libertad? Claro que no.

Godofredo Rivera apunta algo semejante: “Con la actualización de estas leyes, se da un paso en la modernización del sector. De entrada, se elimina la discrecionalidad que el gobierno tenía para otorgar concesiones de radio y televisión. Se introduce una nueva modalidad que consistirá en subastar los distintos componentes del llamado espacio radioeléctrico (ganará el que ofrezca mejor tecnología y mayor eficiencia en costos), se amplían los plazos de concesión hasta en 20 años, así como se permitirá el que distintas empresas de telecomunicaciones puedan ofrecer señales digitales como Internet y telefonía móvil, por un costo adicional. Asimismo, se le da mayores facultades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para poder regular más eficientemente a los participantes del mercado de telecomunicaciones”. La nueva ley supone un avance importante en materia de libertad y propiedad.

Estoy de acuerdo con Sarmiento y Rivera, ¿pero qué pasa con la competencia, tema en el cual centré la atención en un artículo anterior? ¿Concede, o no, la nueva ley ciertos privilegios a las empresas que ya operan, mismos que, para todo efecto práctico. se convierten en barreras de entrada impuestas, arbitrariamente, en contra de cualquier competidor potencial? Sí, la nueva ley supone un avance, en materia de libertad y propiedad, para las empresas que ya operan en el mercado de las telecomunicaciones, ¿pero supone lo mismo para aquellas que, viendo la posibilidad de hacer negocio participando en ese mercado, tienen la intención de entrar? ¿Trata la nueva ley igual a los participantes activos y a los potenciales? Con otras palabras: ¿es una ley justa, siendo una de las principales características de la ley justa el trato igual para todos? Repito lo escrito en el anterior Pesos y Contrapesos: el servicio de transmisión de datos y telefonía, de parte de las empresas concesionarias ya existentes, será autorizado sin que las mismas tengan que licitar o concursar, concurso y licitación al que sí están obligados los empresarios que, sin contar con una concesión de radiodifusión, quieran participar en ese mercado. ¿Se trata, o no, de un privilegio a favor de las primeras y, por ello, de una coerción en contra de las segundas? ¿Todo ello es propio de una economía de mercado o del mercantilismo?