La contrarreforma fiscal, cuyo objetivo fue incrementar la recaudación para aumentar el gasto gubernamental, no hizo sino agravar el engendro tributario que padecemos, restándole competitividad a la economía mexicana, lo cual quiere decir que la verdadera reforma fiscal sigue pendiente, y que si algún día llega a darse deberá ser, antes que tributaria, y preguntarse qué impuestos cobrar, a qué tasa cobrarlos, y a quién cobrárselos, presupuestaria, y revisar, con la intención de corregir excesos y defectos en el gasto gubernamental, en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, siendo que el gobierno gasta en cosas que no debería, razón por la cual gasta de más, sin pasar por alto que en muchos casos gasta de mala manera. Mientras no se corrijan los excesos y defectos del gasto gubernamental, poner un peso más (como desafortunadamente ya sucedió, consecuencia de la contrarreforma fiscal), es tanto como meterle dinero bueno al malo, lo cual, cara a los derechos de los contribuyentes, resulta injusto, tal y como está resultando.

Buen ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior lo tenemos en la excelente investigación de México Evalúa, con relación al gasto gubernamental en educación, y cuyas principales conclusiones son estas[1]: 1) En 27 de 32 entidades federativas, más del 10 por ciento de la nómina docente - administrativa de educación básica presenta irregularidades. 2) Existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia de las que la autoridad aún no ha informado si gozan o no de sueldo. 3) Algunos estados cometieron errores en el reporte del número de comisionados que, por ley, están obligados a enviar cada año a la Secretaría de Educación Pública. 4) Se detectaron también 39 mil 222 aviadores. 5) 114 mil 998 personas mantienen una plaza docente - administrativa, pese a haberse jubilado, haber renunciado, e incluso haber fallecido. 6) Se encontraron 113 mil 259 personas que laboran en una escuela distinta a la cual fueron asignadas. 7) 23 mil 540 personas laboran en tres o más centros de trabajo. 8) 36 mil 046 individuos recibieron los formularios del INEGI (para levantar el censo educativo) pero se negaron a contestarlos. 9) 158 mil 565 profesores y administrativos no fueron censados, porque laboran en planteles que se rehusaron a recibir al personal que levantó el censo. 10) La autoridad no tiene información sobre el 15.7 por ciento de las plazas en educación básica.

¿Qué tenemos? Un buen ejemplo (¿cuántos más hay?) de lo mal que gasta el gobierno, ya sea por ineficacia, ya por deshonestidad, ya por deshonestidad e ineficacia, lo cual lo deslegitima para, mientras no se corrijan todos esos excesos y defectos, cobrar más impuestos, tal y como ya lo hizo con la contrarreforma fiscal.

Continuará.

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