La (i)lógica que hay detrás de la idea, sostenida por Videgaray, de que un mayor déficit presupuestario incentivará un mayor crecimiento económico –que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios– es ésta: mayor gasto gubernamental igual a mayor demanda por bienes y servicios; mayor demanda por bienes y servicios igual a más producción de bienes y servicios; más producción de bienes y servicios igual a mayor crecimiento de la economía, por lo tanto: mayor gasto gubernamental igual a mayor crecimiento de la economía, todo lo cual depende de la manera en la que se financie ese mayor gasto del gobierno, detalle que no hay que pasar por alto.

Supongamos que ese mayor gasto gubernamental se financia con un mayor cobro de impuestos. En tales condiciones, ¿habrá una mayor demanda por bienes y servicios? No, ya que lo que el gobierno gaste de más será igual a lo que los contribuyentes gasten de menos, dándose una recomposición de la demanda agregada (la demanda por bienes y servicios de todos: individuos, familias, empresas, gobierno y extranjeros), el gobierno gastará más y los contribuyentes menos, pero no un aumento en la misma, por lo que los siguientes pasos de ese camino “virtuoso” no se darán.

Entonces, ¿por qué no financiar ese mayor gasto del gobierno con deuda? Por la misma razón: lo que el gobierno gaste de más será igual a lo que sus acreedores (sobre nacionales) gasten de menos, dándose una recomposición de la demanda agregada, el gobierno gastará más y sus acreedores menos, pero no un aumento en la misma. Los siguientes pasos de ese camino “virtuoso” no tendrán lugar.

Para que el déficit presupuestario motive un mayor crecimiento de la actividad económica, es decir, una mayor producción de bienes y servicios, se requiere, a manera de condición necesaria (ojo: necesaria, más no suficiente), que el gobierno gaste más sin que nadie más gaste menos, para lo cual resulta indispensable financiar ese mayor gasto, no con más impuestos, tampoco con más deuda, sino con emisión primaria de dinero (producción de dinero = impresión de billetes) proveniente del banco central (Banco de México), lo cual en México, ¡afortunadamente!, está prohibido. Leemos, en el artículo 28 constitucional, que “el Estado tendrá un banco central (…) autónomo en el ejercicio de sus funciones y (…) administración”, que “su objetivo (…) será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda”, y que “ninguna autoridad podrá ordenar(le) (…) conceder financiamiento”. Traducción: el Gobierno Federal no puede obligar al banco central a producir dinero y dárselo, por lo que no hay manera de hacer del déficit presupuestario un motor del crecimiento económico, por más que los keynesianos espurios opinen lo contrario.

Continuará.