La infortunada expresión del Presidente Enrique Peña Nieto que la corrupción en México es un tema cultural, deja la sensación de que no se puede hacer nada al respecto y que su gobierno no dará la prioridad que se merece a su combate frontal, lo que, entre otras cosas, pone en entredicho el éxito de sus reformas estructurales.

La cultura de los mexicanos que emigran a Estados Unidos es inicialmente la misma de los que se quedan en su país pero su comportamiento es radicalmente distinto pues saben que se enfrentan a incentivos drásticamente diferentes, empezando por una aplicación de la ley mucho más estricta.

Lo mismo pasa con la corrupción, que ocurre por igual en ambos países, pero con enorme diferencias en cómo se le confronta en uno y en el otro. En México lo “normal” es que no se le persiga, como lo vemos a diario especialmente en el ámbito político, pero en EU sucede lo contrario.

Dos casos recientes lo ilustran en forma clara. El hasta hace poco gobernador del estado de Virginia Robert McDonnell fue hallado culpable de once cargos de corrupción por haber aceptado invitaciones a vacacionar, a jugar golf y por recibir préstamos preferenciales por 120 mil dólares, a cambio de “prestarle el prestigio del cargo de gobernador” a un empresario fabricante de complementos dietéticos.

El exgobernador y su esposa podrían ir a la cárcel hasta por treinta años por acusaciones que en nuestro país suenan triviales. Nótese que no se les acusa de haberse robado algo o desfalcado al erario, como hacen nuestros gobernantes con tanta frecuencia, y no hay evidencia que el empresario se haya beneficiado en nada.

El otro caso es el del alcalde de la ciudad de Washington DC, Vincent Gray, por aceptar contribuciones para su campaña política hace cuatro años que violaban las leyes electorales. Estos cargos, que aún no se enderezan contra el alcalde pero ya alcanzaron a varios de sus cómplices, fueron suficientes para que perdiera la nominación de su partido como candidato para reelegirse el próximo noviembre.

La ciudad de Washington, que tiene fama de estar mal administrada y de sufrir de una corrupción profunda y generalizada en manos de la mafia afroamericana que la controla es, sin embargo, una joya refulgente de buena gestión, de excelsos servicios públicos y de magnifica planeación urbana, en comparación con la ciudad de México.

En nuestra sufrida capital, sobre todo desde que se apoderó del poder esa pandilla de delincuentes conocida como el PRD, la vida de sus habitantes se volvió una pesadilla cotidiana cada vez peor, y la anarquía urbana, la mordida, el abuso y la prepotencia de sus dirigentes, cada vez más extendidos a todos los niveles de gobierno.

Hace 46 años mi querido maestro de la Universidad de Chicago Gary Becker escribió su pionero ensayo “La economía del crimen y el castigo,” en el que afirmaba que: “el monto de la criminalidad está determinado no solo por la racionalidad y las preferencias de los criminales pero también por el entorno económico y social creado por las políticas públicas, incluyendo el gasto en policía, los castigos a los distintos crímenes, las oportunidades de empleo y educación.”

Becker concluyó que en la medida que se elevara la probabilidad de ser capturados y que los castigos fuera más severos, los criminales responderían racionalmente buscando dedicarse a otras actividades y se abatiría la incidencia del crimen.

La corrupción no es sino un tipo especial de delito y está sujeta a los mismos incentivos que otros, pues si la impunidad está virtualmente asegurada –es decir, la probabilidad de ser capturado es cercana a cero- y los castigos son inciertos y lejanos pues los juicios suelen ser interminables, la corrupción será generalizada.

Combatir efectivamente la corrupción que nos aflige en todos los niveles de gobierno y en toda la geografía nacional no requiere cambiar la cultura de los mexicanos sino abatir la rentabilidad de “entrarle a la mordida” con leyes claras, que se apliquen puntual y prontamente, y con castigos que sean severos y lleguen sin dilación.

Atacar de tajo la corrupción es requisito forzoso para que las profundas reformas de Peña Nieto puedan aplicarse cabalmente y generar la inversión, el empleo y el acelerado crecimiento económico que requiere el país para progresar y para empezar en serio a eliminar la pobreza y la marginación de la mitad de sus habitantes.

De no hacerlo, sus reformas se hundirán en el hediondo pantano de la corrupción.