México atraviesa por un serio problema de aplicación del llamado Estado de Derecho. Asesinatos impunes, delincuencia organizada, afectaciones a la propiedad privada, extorsiones, secuestros, robos, etc., se están convirtiendo en el pan de cada día. Recientemente nos enteramos del asesinato masivo de estudiantes en Guerrero. Lo mismo de ejecuciones arbitrarias por parte del Ejército y las policías municipales. Y en más de una ocasión estos actos son cometidos en contubernio con el crimen organizado.

Quienes nos oponemos al intervencionismo estatal en la economía, lo hacemos por eso, porque el papel del gobierno debe estar centrado en garantizar el Estado de Derecho y no en subsidiar actividades privadas de grupos de interés privilegiados, o en hacerla de empresario en distintas ramas de la actividad económica que corresponden al sector privado y nunca al gobierno. Si el lector no se convence, sólo cheque cómo el gobierno maneja sus números cuando la hace de empresario, sólo pérdidas, corrupción y exceso de personal de las paraestatales como Pemex y CFE. Claro, sólo pérdidas económicas que son cubiertas gracias a los impuestos de quienes los pagamos y nos desenvolvemos en el sector privado. 

El Estado de Derecho es fundamental para que una economía crezca. De acuerdo al World Justice Project (WSJ, por sus siglas en inglés) hay 4 principios fundamentales para que el Estado de Derecho funcione de manera exitosa en un país. A continuación los enumeramos:

1. Todos los funcionarios del gobierno son responsables ante la ley. La constitución los limita. La sociedad civil evalúa. 
2. Las leyes son claras, conocidas por todos, estables en el tiempo, justas, lo que implica la protección de derechos fundamentales como la libertad de elegir, la seguridad de las personas y el respeto por la propiedad privada.
3. El proceso a través del cual las leyes son redactadas, administradas y aplicadas es comprensible, justo y eficiente para todas las personas.
4. La administración y el acceso al sistema legal es procurado por fiscales, jueces y magistrados competentes, independientes del poder económico y político, suficientes en número y que cuentan con los recursos necesarios para servir a la sociedad. Cualquier desviación de esta conducta es sancionada por la misma ley.

Obvio, el Estado de Derecho en México es simplemente ineficiente, y no cumple con los requisitos arriba señalados. Nuestra arquitectura institucional es disfuncional y sólo premia a la corrupción de los funcionarios, con lo que el crimen organizado sale ampliamente beneficiado. Con dichos arreglos institucionales ineficientes, a mi no me sorprende que cada vez los gobiernos sean infiltrados por la delincuencia organizada.

Tenemos un gobierno ampliamente intervencionista en la economía, que sobre regula las actividades económicas y que no cumple con las funciones vitales de garantizar plenamente el Estado de Derecho de los mexicanos.

El problema de México no sólo es de mercados con poca competencia económica, sino también de una Gobernanza sólida, que garantice las reglas del juego en el mercado como el respeto a los contratos y a la propiedad privada y por supuesto, la aplicación de un eficiente Estado de Derecho.

De acuerdo al World Wide Governance Indicator que elabora el Banco Mundial, un gobierno eficiente debe cumplir con las siguientes características:

1. Voz y rendición de cuentas. Los gobiernos deben rendir cuentas claras a la sociedad y en todo momento la libertad de expresión de los ciudadanos debe ser respetada y no cercenada como hoy lo hacen las leyes en materia política que impiden que un grupo de ciudadanos critiquen a los políticos desde los medios de comunicación electrónicos como la televisión. Una ley con inspiración fascista que López Obrador le impuso moralmente a sus opositores. Los ciudadanos deben ser libres para elegir a sus gobernantes, pero también para deponerlos o criticarlos si no se respeta el Estado de Derecho. Ya parece que el nefasto gobernador del estado de Guerrero va a renunciar, la ley no lo permite y es pura mofa para los ciudadanos el que un gobernante incompetente no pueda perder su poder político. Y lo mismo con el incompetente Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
2. Estabilidad política y ausencia de violencia. Los gobiernos competentes deben garantizar el Estado de Derecho y no ser débiles o cómplices ante el crimen organizado, la guerrilla o el terrorismo. Jamás un gobierno debe coludirse con los criminales, pues estos lo infiltrarán y terminarán por hacerlo sucumbir. Ese es el caso del crimen organizado que por décadas el PRI arropó cuando no protegió. No debe sorprendernos el surgimiento de grupos de la sociedad civil armados que se enfrentan a criminales como los narcotraficantes, pues las policías están coludidas con el mismo crimen organizado. Extorsión y secuestro es el precio de esta falla de gobierno en varias entidades de la República.
3. Efectividad en el ejercicio de gobierno. El gobierno mexicano simplemente es incompetente en sus tres órdenes desde el federal hasta el municipal. La calidad de los bienes públicos como la seguridad pública o la infraestructura es malísima. La burocracia es obesa, costosa y muy mal preparada para la implementación de políticas públicas eficientes. El compadrazgo, la corrupción, y el cochupo son el pan de cada día de casi todos los burócratas. No hay en México ningún empresario desde el más modesto hasta el más encumbrado que no tenga que “caerse con la del puebla”, con su “moche” para que los burócratas lo dejen trabajar y no lo extorsionen con retardos en trámites o con amenazas de clausura del negocio. A esto agreguemos la nefasta “reforma” fiscal que sólo frena el emprender un negocio y en cambio le garantiza mayores recursos a los gobernantes (expoliando aún más a los contribuyentes cautivos) que dados los incentivos perversos no lo gastarán en bienes públicos necesarios sino en caprichos y para atender sus agendas con sus clientelas y grupos parasitarios que viven del presupuesto público.
4. Calidad regulatoria. El papel de un gobierno eficiente es garantizar el pleno respeto de los contratos, que las reglas entre los participantes de un mercado libre sean respetadas. Que no me vendan litros que no son de a litro o kilos que no son de a kilo. En caso de incumplir un contrato, el gobierno debe sancionar debidamente al o los agentes económicos tramposos. Lamentablemente en México esto es letra muerta y más bien lo que hay es sobreregulación económica y total discrecionalidad en las reglas para que los contratos se cumplan. Para los agentes económicos no está claro que leyes se deben cumplir al pie de la letra so pena de una fuerte sanción. Todo queda a la discreción de los burócratas que nos gobiernan. Sobra decir que esto da pie a que el gobierno mexicano sea considerado como uno de los más corruptos del planeta (ver los indicadores de Transparencia Internacional).
5. Captura del gobierno por intereses privados. Esto abunda en el país, grupos empresariales y sindicatos que son buscadores de rentas, que obtienen beneficios por el hecho de aliarse con el gobierno más cercano, sea municipal, estatal o federal. Estos grupos obtienen beneficios muy por encima de lo que les daría un mercado competitivo. Sus ganancias parten de las alianzas con distintos funcionarios de gobierno. Usualmente son contratistas de las ineficientes y corruptas paraestatales o participan en licitaciones amañadas de obra pública del gobierno. A veces también son constructores de vivienda subsidiada por el gobierno o prestamistas de los bancos estatales de desarrollo (esos elefantes blancos que tanto presume el actual gobierno). Los peores son los sindicatos mafiosos del gobierno que logran prebendas que ningún sindicato del sector privado soñaría. Ahí están los sindicatos de la educación o del sector energético. Cuando un gobierno es capturado por unos cuantos, definitivo, su papel principal de garantizar el Estado de Derecho se va a la basura, al drenaje, dejándonos a los ciudadanos inermes ante los grupos criminales.

Estas son las características óptimas que un gobierno competente debe cumplir. Ahora que el gobierno se vanagloria de sus acuerdos políticos para las reformas estructurales, está descuidando totalmente su papel más relevante: hacer cumplir el Estado de Derecho.