Se dio a conocer el Índice de Libertad Económica 2014 elaborado por el Instituto Simon Fraser. De acuerdo a este estudio, los 10 países más libres son: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia, Jordania y Chile. Por otra parte, los 10 menos libres son: Myanmar, República Democrática del Congo, Burundi, Chad, Irán, Argelia, Argentina, Zimbawe, República del Congo y, el menos libre de todos, Venezuela. México, con un puntaje de 6.75, se sitúa en el lugar 91 de 152 países evaluados.

La libertad económica está íntimamente ligada al estado de derecho; inclusive son dos formas de ver el mismo fenómeno es decir, entre mayor sea la libertad económica de la cuál gozan los agentes económicos privados (empresas e individuos), mayor será también la vigencia de un estado de derecho, siendo ésta la condición primaria para alcanzar altos niveles de desarrollo económico. Y en este sentido, el relativo bajo puntaje con el que se califica a México es un reflejo de la debilidad de nuestro estado de derecho y explica el relativamente bajo nivel de desarrollo (en el Índice de Desarrollo Humano, México se sitúa en el lugar 61).

Son cuatro los principales elementos que componen el estado de derecho: a) el derecho a poseer bienes como una extensión natural del derecho a la vida es decir, se requiere de una eficiente definición de los derechos privados de propiedad; b) el derecho a la utilización de los bienes mientras que en el ejercicio de esa libertad no se atente en contra de los derechos de terceros; c) el derecho de transferir los recursos en mercados competitivos, lo que implica que todas las transacciones son voluntarias; y, d) los tres derechos anteriores están garantizados por un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito.

Respecto del primero, la Constitución establece que todos los recursos le pertenecen originariamente a la Nación, la cual podrá transferirlos a los particulares para conformar la propiedad privada es decir, en México la propiedad privada es un derecho derivado y no uno natural, lo cual se agrava por el riesgo expropiatorio.

En cuanto al segundo, aún imperan restricciones significativas a la libertad de elegir cómo usar los recursos derivadas de la existencia de las barreras regulatorias de entrada a los mercados (en este rubro, el puntaje asignado a México en el Índice de Libertad es de 6.17). Pero, peor aún, es que el respeto a los derechos de terceros es notoriamente débil, como lo indica que el 95% de los delitos se cometen con impunidad.

Respecto de tercero, en México siguen imperando significativas prácticas monopólicas, tanto privadas como gubernamentales, por lo que no todas las transacciones son enteramente voluntarias. Además, a pesar de ser una economía integrada a la economía mundial, aún persisten barreras al comercio internacional, particularmente cuando se trata de importaciones provenientes de países con los cuales no se tiene un acuerdo de libre comercio. En este rubro de libertad de comercio internacional, la calificación asignada a México es de 7.03.

Finalmente, y en donde se encuentra la mayor debilidad institucional es lo relativo al poder judicial. En el Índice de Libertad Económica, el puntaje asignado es de 4.46, destacando por las malas notas independencia judicial (3.91), imparcialidad de los tribunales (3.91), protección a los derechos de propiedad (5.32), integridad del sistema jurídico (2.5) y cumplimiento legal de los contratos (5.57).

Mientras siga prevaleciendo un estado de derecho débil, una economía sin plena libertad para elegir, difícilmente se alcanzará un alto nivel de desarrollo.