La consigna más usual a propósito de Ayotzinapa es culpar a Peña (= el gobierno federal = “el Estado”). Solución: que el presidente renuncie.

1. Peña. Según nuestra tradición el presidente es el único actor y ejecutor y el pueblo se acostumbra a que él (para bien y para mal) hace todo, sabe todo y lo puede todo. El carruaje de don Porfirio rodaba siempre a la misma hora ante un reloj cuyas campanadas sonaban puntuales a su paso (en la torre del campanario había un disciplinado empleado ajustando el reloj). “¿Qué hora es?” “La que usted ordene, señor presidente.”

2. El Estado. ¿Quién es “el Estado”? Los legisladores de “izquierda” que constituyen uno de los tres poderes del Estado acusan “fue el Estado” el criminal en Iguala. Al atacar a un ente que no entienden qué es, se autoculpabilizan y dejan clara su estatura moral e intelectual.

Mi abuela platicaba que en Yucatán en tiempos de la persecución religiosa un señor muy devoto se dedicaba a atacar al clero. Le preguntaron por qué. Contestó que como católico quería mucho a la Iglesia y a los padrecitos, pero don Clero era muy malo. Hoy se ataca a don Estado.

3. Tan infames como los asesinos son los que lucran políticamente de la tragedia y no critican a los gobiernos perredistas de Guerrero ni de Iguala. El gobierno federal es el asesino, como si Enrique Peña Nieto hubiera ordenado secuestrar y asesinar a más de 43.

No arremeten contra el perredista gobernador dimitente, ni el jefe de la policía prófugo, ni el presidente municipal aliado a una banda criminal en pugna. No culpan a las gavillas homicidas ni les importa que hayan encarcelado a ese alcalde, o que lo hayan cobijado en Ixtapalapa contratistas que ayudaron a instalar el plantón en Reforma. No mencionan que López Obrador definió con sumo cuidado y aprobó a sus candidatos en una de las entidades federativas que más votos le ha dado; no dicen que le previnieron de los antecedentes del alcalde de Iguala: de todas maneras lo puso como candidato.

4. Lo anterior no importa: ¡fuera Peña! Y que se vaya antes del 1º de diciembre, porque si hay ausencia definitiva del presidente antes de dos años es obligatorio convocar a nuevas elecciones (art. 84). Eso le viene muy a modo al Peje para alcanzar legalmente su obsesión por el poder. Si quisiera asaltarlo luego de esa fecha tendrá que mandar al diablo las instituciones y de pasada la ya quebrantadísima paz social.

5. El presidente recibe durante cinco horas a los padres de los desaparecidos y nada bueno puede decirles. Resultado: “no aceptaremos otra cosa: ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

6. Como no aparecen vivos, la PGR no sirve y Peña tiene la culpa. Murillo Karam presentó un estrujante informe, acaso tan brutal y explícito porque tras esa reunión con los padres tuvo que demostrar que no había indicios de vida: los asesinos quemaron casi profesionalmente los cadáveres. No importa que haya hoy 74 detenidos o haya muerto un policía federal. Lo único informable es que Murillo estaba cansado.

7. Ante esta catástrofe ni el presidente ni su secretario de Gobernación han mostrado ya no digamos grandeza, sino decisión y valor. Impunes pandillas de encapuchados queman autobuses y hasta la puerta del Palacio Nacional, por no hablar de carreteras y aeropuertos cerrados. Toda policía está paralizada, medrosa y con instrucciones de negociar la ley y dejarse humillar (y herir) por los delincuentes.

Por una vez estaré de acuerdo con Zedillo: lo que más nos falta es estado de derecho. Agrego que sin leyes no hay sociedad civilizada y libre; las leyes no sirven sin policía; y no hay policía sin cárceles. Pero los impunes critican la impunidad (no la de ellos: la del “Estado”). ¡Y que se vaya Peña!

8. ¿Es éste un “crimen de estado”? En todo caso, de varios gobernantes del estado de Guerrero y de sus municipios, no del Estado con mayúscula.

Hay que decirlo con claridad y sin exageraciones. Es la mayor crisis política que haya vivido México desde fines de los años veinte, cuando con su persecución religiosa, Plutarco Elías Calles perpetró una guerra contra el pueblo. Esta es una lucha insurreccional que el gobierno federal no parece saber combatir, muy manifiesta en la parálisis de unas autoridades federales, estatales y municipales incapaces de aplicar la ley y hacer el ridículo contra la franca delincuencia en que incurre la “protesta social”.

Hay intereses claros en exigir que renuncie el presidente y culparlo de lo que no hizo. Como Peña no renunciará, para que el Peje asalte el poder que tan enfermizamente pretende sólo quedará la vía que ya demasiados ejercen impunemente y atizan con manifiesto éxito: la violencia.

De nuevo: estado de derecho. Para eso hace falta valor. Mano estricta. Gobierno y policía que apliquen la ley: toda la ley. Y sobre todo, justicia. Es indispensable poner tras las rejas a los que llevan mucho tiempo moviendo libre e impunemente a bandas criminales, narcoguerrillas, gobernadores y presidentes municipales aliados a ellos, políticos y partidos cómplices; bandas violentas que a bordo de camiones robados proclaman acciones pacíficas e incendian lo que no es suyo. Pero a los obligados a aplicar la ley se les aflojan las corvas y se limitan a exhortar (uf) al “diálogo”.

Ante todo: hay que señalar nombres de gente importante. Las autoridades conocen a los alfiles, caballos y torres que manejan libremente a peones que bajo cualquier razón o pretexto bloquean, desaparecen y asesinan a su gusto, y que primero queman camiones, luego palacios municipales y luego incendiarán al país. Mientras tanto, los encargados de aplicar la ley e impedir la creciente violencia ilegítima abjuran de la violencia legítima, ordenan dejarse lastimar a la policía, y siguen invitando a los energúmenos a dialogar.

Hace falta talento. Hace falta valor. Hace falta grandeza histórica. Como dijo Thomas Paine durante la guerra de independencia de EEUU: “Estos son los tiempos que ponen a prueba el alma de los hombres.”