Ríos de tinta han corrido alrededor de los 43 normalistas asesinados en Guerrero presuntamente por órdenes del alcalde perredista de Iguala y denunciando que la reacción de las autoridades a todos los niveles fluctuó entre la pasividad, en el caso del gobierno federal, hasta la complicidad criminal de los gobiernos estatal y locales.

El enojo de la ciudadanía es justificado pues no es posible que en un país que aspira a la modernidad y en el que ha habido apreciable avances en elevar las condiciones de vida de segmentos importantes de la población, sigan ocurriendo crímenes bárbaros como el homicidio colectivo de los estudiantes de Ayotzinapa.

Mucho menos se ha explorado la verdadera naturaleza de las escuelas normales rurales, particularmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca que son verdaderos planteles para preparar agitadores políticos e indoctrinarlos, más que en ideología marxista-leninista como ellos presumen, en tácticas guerrilleras.

Los graduados de estas 46 escuelas, que durante la gestión del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-40) se les dio la “misión de dotar de una educación socialista a los hijos de campesinos pobres,” son quienes engrosan las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la siniestra CNTE.

Es obvio que los estudiantes y egresados de estos planteles se oponen a cualquier política que intente modernizar el sistema educativo e imponer parámetros para la medición de la capacidad del personal docente y eliminar los vicios prevalecientes como plazas automáticas y vitalicias en las escuelas para sus egresados.

Las numerosas manifestaciones que se han dado en todo el país para denunciar el homicidio colectivo, culminando con la del domingo pasado en la que intentaron prenderle fuego al Palacio Nacional –¡los responsables fueron puestos en libertad por la PGR al día siguiente de su intentona!-, claramente no son solo la expresión fortuita de una ciudadanía dolida sino una campaña concertada contra el gobierno federal.

Debe subrayarse que a pesar de que el gobernador de Guerrero y el alcalde de Iguala accedieron a sus puestos con el membrete del PRD y el apoyo político y pecuniario del alcalde perredista de la ciudad de México y del demagogo Andrés Manuel López Obrador, los agitadores van contra el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.

Es evidente que esta campaña, en la que los padres de los desaparecidos exigen al gobierno que les presenten a sus hijos vivos, pone a las autoridades en una posición imposible, de ser verosímil la versión presentada y documentada con toda seriedad por el Procurador Jesús Murillo Karam que fueron asesinados y quemados.

El escalamiento natural de esta operación ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de los agitadores, será demandar la renuncia de Peña Nieto, que es casualmente lo que exige López Obrador en sus interminable manifestaciones, pero eso sí, antes del 1º de diciembre para así convocar a nuevas elecciones.

De este dislate se han hecho eco plumíferos alquilones afines a la causa del demagogo tabasqueño, como Jorge Ramos de Univisión, que no tienen el menor respeto por nuestras instituciones y mucho menos por los deseos de la mayoría de los mexicanos expresados en las urnas el 1º de julio de 2012.

La campaña mediática que acompaña a las demandas de los padres de los normalistas es notablemente parecida a la “yo soy #132,” auspiciada por López Obrador, entonces todavía perredista y candidato presidencial, con el ostensible propósito de impedir que Peña Nieto y el PRI ganaran las elecciones.

La reaparición en escena de la residencia en las Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera de Peña Nieto –el Hola la entrevistó en ese sitio el año pasado-, en un reportaje de Carmen Aristegui, que no es precisamente una entusiasta partidaria del Presidente, en momentos críticos como éstos tampoco es una casualidad.

Por lo menos el gobierno reaccionó con celeridad cancelando el contrato con las empresas a las que se les había otorgado la concesión para construir el tren bala México D.F.-Querétaro, siendo que una de ellas sigue siendo la dueña de la casa de las Lomas que la señora Rivera viene pagando a plazos.

A su regreso de Asia Peña Nieto tendrá que actuar con talento y rapidez para desactivar el complicado escenario que lo aguarda y emprender un decidido combate a la violencia, la impunidad, la corrupción, los nexos del narco y los políticos, y la más absoluta ausencia del estado de derecho que campea por buena parte del país.

Difícil agenda pero ojalá lo logre, pues las alternativas son de horror.