Con la colaboración de Edgar Moreno y Orlando Otero

La importancia de una política fiscal responsable para el desarrollo económico del país ha sido una preocupación central de los actores políticos en las campañas presidenciales. Desde los más escandalizados miedos hasta los más violentos llamados se han levantado para combatir a los candidatos que quizás romperían con la disciplina fiscal alcanzada durante los últimos años. Algunos de los malestares y miedos, sin embargo, descansan en un débil argumento: que el Presidente de México es el responsable único de la contratación de deuda y que puede hacerlo en el monto que le parezca. Aún más, y contrario a lo que sugiere el clima de opinión, los candidatos presidenciales parecen no estar tan distantes en sus posturas respecto a la instrumentación de una política deficitaria financiada a través de la deuda pública.

La irresponsable contratación de deuda pública puede traducirse en presiones inflacionarias y en el mediano y largo plazos impactar en una caída real del ingreso, en una alza en las tasas de interés y finalmente, en una caída en las tasas de crecimiento económico indispensable para el desarrollo. Sin embargo, esperar este resultado de la política fiscal del próximo presidente carece de fundamento político y jurídico: de acuerdo con la Ley General de Deuda Pública, es el Congreso de la Unión el órgano encargado de autorizar los montos del endeudamiento neto del gobierno federal.

Si hay alguna certeza respecto al resultado electoral de julio de 2006, ésa es que se ratificará el gobierno dividido. La aprobación de la deuda pública requerirá entonces de al menos dos de los tres partidos más importantes del país; es decir, el Presidente y su partido serán incapaces de contratar deuda si no cuentan con el apoyo al menos de otro de los grupos parlamentarios con mayor fuerza en el Congreso. El pluralismo expresado en el poder legislativo necesariamente tendrá una consecuencia en la definición de la política fiscal del próximo gobierno.

Pero no sólo es institucionalmente insostenible el temor a un presidente irresponsable en materia de deuda. También hay otro argumento, estrictamente electoral, que jugará a favor de la responsabilidad fiscal: el aumento en la competitividad electoral en México se ha traducido en un aumento en la probabilidad de victoria de la oposición, al mismo tiempo que en un aumento de su capacidad de denuncia; al tiempo en que avanza la competencia entre los partidos políticos y cada uno de ellos obtiene posibilidades reales de triunfo, también se incrementa la capacidad de la oposición para fiscalizar los asuntos públicos, lo que impacta en una mayor responsabilidad de los gobiernos.

El problema del endeudamiento del DF no es una –brillante o absurda- idea del jefe de gobierno de esta entidad (manipular cifras a su conveniencia sí lo es) ni tampoco de su Asamblea. A diferencia del caso de los Estados, cuyos congresos locales establecen los montos de deuda contratable, el DF sólo se puede endeudar en la medida que se lo autorice el Congreso de la Unión. El PAN y el PRI aprobaron en el Congreso los montos de deuda del DF.

Curiosamente, si bien Felipe Calderón no ha estado al frente de algún gobierno, era el coordinador del grupo parlamentario del PAN en 2001 y 2002, los primeros años de gobierno de López Obrador en el Distrito Federal. Es directamente responsable, junto con su partido, de lo que aprobaron en las Cámaras. Si el monto de deuda que autorizaron para el DF es excesivo, es al Congreso a quien hay que exigirle cuentas. (La pregunta es por qué no es el propio PRD quien esgrime estos argumentos y en lugar de ello manda a Elena Poniatowska a confundir a la opinión pública respecto a las fuentes de financiamiento y disciplina de gasto del DF).

Hay algunos otros asuntos que tocar en este tema. Cuando cualquiera de nosotros busca endeudarse, lo haremos en la medida de nuestras posibilidades, es decir, de los ingresos que definen nuestra capacidad de pago. Si Carlos Slim y yo solicitamos un crédito, le prestarán mas a él que a mí, y así también debe explicarse la diferencia entre el DF y estados como Colima o Tlaxcala. No sólo eso: el coche, la vivienda y el consumo en general que muchos de los ciudadanos estamos pagando a plazos, es decir, que financiamos con deuda, no nos convierte necesariamente en irresponsables, sino en financieramente racionales si tenemos los recursos para liquidarlos en los plazos contratados; al contrario, nos permite construir un patrimonio y seguir consumiendo mientras tanto. Lo importante de la deuda es poder pagarla y utilizar los recursos que de ella provienen sensatamente. Es muy distinto usar el dinero que nos prestan en un activo que produzca flujos con los que podamos amortizarla, que regalarla a un amigo. Esto es lo que determina si somos o no responsables.

Entre los economistas existe el consenso de que el crecimiento de los países, y desarrollo de los mismos, requiere de una política fiscal responsable y de una política monetaria eficiente. Así, las acusaciones contra el endeudamiento público excesivo son por demás válidas. Sin embargo, la postura que pregona que endeudarse es intrínsicamente negativo, no sólo es completamente falsa, sino que mal informa, por no decir que engaña al electorado. Los niveles óptimos de deuda dependen de diversos factores y dependen de situaciones tanto microeconómicas como macroeconómicas. No existe un nivel óptimo de deuda, pues depende de la capacidad de pago del deudor, del riesgo que derivan sus acreedores de la posibilidad de no recuperar el préstamo, de los flujos que percibe quien se endeuda, de factores económicos no previsibles, entre otros.

La perspectiva apocalíptica que sostiene el inminente retroceso económico debido a un endeudamiento patológico y crónico, debe tomarse más como una estrategia propia de la propaganda electoral, que como un fatídico desenlace que nos depara el destino de llegar López Obrador, o cualquier otro, al poder.