Increíble, en el Estado de México están cerrando centros de diversión porque en su legislación se encuentra prohibido “el baile erótico” (el llamado table dance). Vaya legislaciones barrocas en pleno siglo XXI. Si alguien baila, fuma, toma o se prostituye, está en todo su derecho, es su cuerpo y nadie tiene el derecho de impedirlo, a menos que la persona sea obligada a hacerlo o sea menor de edad (y en este caso es un asunto de los padres de familia y no del gobierno).

En materia de prostitución, en especial los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, confunden la trata de personas con la prostitución voluntaria entre adultos y así se la ha pasado clausurando lugares en donde ocurren estos eventos. Lo curioso, meten a la cárcel no a bandas de trata, sino a meseros, cadeneros y trabajadores sexuales, que por cierto luego regresan a sus actividades de prostitución. ¿Qué más prueba quieren estos gobiernos sobre dicha persecución absurda y violatoria de los derechos humanos?

Otra puntada. En el Distrito Federal se volverá obligatorio que en todo antro o cantina haya alcoholímetro. Aquí no se entiende, si tomo una copa de vino (o las que me dé la gana), ¿me obligarán a medir mi nivel de alcohol en la sangre? Parece que así será, y si no el dueño del establecimiento será responsable si me sucede algún accidente. Si es así, esta legislación es completamente fascistoide y violatoria de los derechos humanos, ahora resulta que si voy a un antro ya tengo “nana” que me cuide. Señores propietarios de cantinas o antros ampárense ante la Suprema Corte de Justicia, de lo contrario el gobierno defeño incurrirá en una falta muy grave en materia de violación de las libertades individuales.

Y lo mismo en materia económica, el gobierno pretende imponer a las empresas qué salarios cobrar, a quienes contratar y qué prestaciones “sociales” deben otorgar. Otra vez, el gobierno se entromete en terrenos que pertenecen exclusivamente a los particulares. No entienden la naturaleza de los mercados libres porque siempre han sido burócratas vividores del Estado (para ser exacto, de los contribuyentes cautivos).

Y para variar, los legisladores idiotas (perdón, no tengo otra palabra) también deciden por nosotros qué spots de los partidos políticos debo ver y cuáles no, y lo que según ellos, ofende a las “buenas costumbres” (se usa como instrumento censurador al INE, pero los responsables al fin y al cabo de leyes tan absurdas son los políticos de todos los partidos). Para empezar, no deberían los partidos políticos recibir dinero alguno de los contribuyentes, si quieren el poder que recauden su propio dinero a través de sus simpatizantes (ya saldrán los bisoños a decir que así le abrimos la puerta al narco, perdón, el narco ya impone gobernadores y presidente municipales, y lo peor, con dinero del Erario) y que no nos jodan a los ciudadanos en nuestros bolsillos. Los spots televisivos deben ser libres (a menos que se calumnie, pero eso ya está en la legislación) y los electores decidir cuáles son los mejores, y por cierto, debería ser como en EU, anunciarse en medios a los partidos les cuesta de su bolsillo, y no al contribuyente como infamemente sucede en México. También es violatorio de las libertades el obligar a las empresas televisivas y de radio a no cobrar por los spots políticos y a que se les imponga un horario para los nefastos comerciales de los partidos (vividores y parásitos de la sociedad como antes lo he escrito).

Y finalmente, la última puntada, la llamada ley seca”, el gobierno defeño (y de varios estados de la República) nos trata como menores de edad y decide arbitrariamente si se debe vender o no alcohol. Otra vez un atentado contra la libertad individual. El gobierno debe limitarse sólo a sancionar si bajo los efectos de una droga le hago daño a un tercero y no a mi cuerpo, a mi persona, eso es asunto completamente mío (si soy religioso entonces Dios me castigará, pero otra vez, esas consecuencias serán sólo mías y no de nadie más).

Y así podemos seguir argumentando sobre las regulaciones absurdas que sólo violan las garantías individuales. Definitivo, que el gobierno no se meta ni con mi cartera (me expolie fiscalmente para darle mis recursos a otros) ni con mi bragueta (que se entrometa en mi vida y moralidad). Hacerlo viola los derechos esenciales del ser humano a la vida, a la libertad y a la propiedad.