La Semana pasada fue finalmente aprobado en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que tiene como elementos centrales la figura de un fiscal especial que dependerá de la Fiscalía General de la República, mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para auditar el ejercicio del gasto público (incluido el que ejerzan los estados y municipios financiados con recursos federales), la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que impondría las sanciones en casos de corrupción considerados como "graves" (como si no todo acto de corrupción fuese, por sí mismo, grave) Además, se extiende a siete años el plazo antes de que un acto de corrupción prescriba y la obligación de todos los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses (aunque no será obligatoria hacerla pública). Ahora hay que esperar a que 17 congresos locales la avalen (al momento de escribir este artículo sólo tres lo habían hecho: Estado de México, Chiapas e Hidalgo), para posteriormente elaborar la legislación secundaria.

¿Es un avance en materia de lucha contra el flagelo que es la corrupción? En principio podríamos decir que sí, aunque faltaron algunas cosas, quizás la principal de ellas es que sigue prevaleciendo el fuero para gobernadores, presidentes municipales y legisladores y que no se tocó el artículo 108 de la Constitución que establece que el Presidente sólo puede ser juzgado por traición a la Patria y por delitos graves del orden común (como si la corrupción no fuese per se un delito grave).

Suena bien pero, el gran pero, es que no se atacan las causas primarias de la corrupción. Hay tres grandes tipos de corrupción.

Primero, la corrupción al menudeo: la mordida al agente de tránsito, los pagos que hay que hacer para ser conectado a las redes de agua potable y electricidad, los pagos para que recojan la basura, los pagos para acelerar (o retrasar, según sea el caso) un trámite judicial, un largo etcétera. Para el año 2010 Transparencia Mexicana estimó en 200 millones este tipo de actos. El SNA no servirá en absoluto para atacar este flagelo que, de paso sea dicho, afecta relativamente más a las familias de menores ingresos.

Segundo, la corrupción que se deriva de la excesiva e ineficiente regulación y que le permite a quienes la administran actuar como buscadores de rentas. Pagos para obtener licencias y permisos, pagos para evitar una clausura, etcétera. El SNA de poco servirá si no se transita hacia un esquema regulatorio limpio, transparente y eficiente que le quite a la burocracia el poder discrecional que tienen para extorsionar al sector privado.

Tercero, la corrupción que se genera en los contratos de obra pública y de proveeduría a instituciones gubernamentales. Adjudicaciones directas, poco transparentes y con un marcado conflicto de intereses, licitaciones amañadas, "moches" para adjudicar presupuesto público, desvío de recursos públicos, etcétera. En este rubro, tal vez, el SNA podría funcionar pero ello está condicionado a que haya total transparencia en el ejercicio del gasto público y que toda la información relevante sea pública.

Como lo he señalado en ocasiones anteriores, la corrupción es un juego de suma negativa, uno que deriva en menor inversión, obras públicas de menor calidad, mayores costos para el sector privado que repercuten en un menor nivel de bienestar familiar, menor generación de empleos y más. La corrupción, en suma, inhibe el desarrollo económico. Y mientras el SNA empiece a funcionar, quizás en dos años, seguiremos perdiendo. A ver si en el próximo informe de Transparencia Internacional no retrocedemos aún más.