VIERNES, 22 DE MAYO DE 2015
Se iguala el marcador

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No



“Si imprimir dinero ayudase a la economía, falsificar moneda debería ser legal.”
Brian Wesbury

Manuel Suárez Mier







“Lo que ha llamado poderosamente la atención entre la comentocracia de Washington es el vuelco populista que ha dado Hillary Clinton, la única candidata seria para la nominación presidencial del Partido Demócrata, que como Secretaria de Estado impulsó la Alianza Transpacífica pero ahora anuncia que tiene “serias dudas.””


No se había secado la tinta de mi último artículo, en el que relaté el revés que sufrió la solicitud del presidente Obama en el Senado de su país para negociar tratados comerciales, cuando el líder republicano en la Cámara Alta cambió de estrategia y aprobó tres proyectos de ley adicionales para que pasara su petición de “fast-track.”

El problema con esta bordada táctica del Senado es que una ley que autorice al Congreso a imponer tarifas compensatorias a los países que manipulen la paridad de sus monedas para ganar competitividad en sus exportaciones, le daría un arma letal a esos legisladores que pondría en peligro el comercio mundial.

Ello se debe a que definir “la paridad de equilibrio” de una moneda frente a otra no es sencillo pues hay demasiadas variables que contribuyen a empujar ese elusivo concepto para arriba o para abajo. Por ejemplo, la caída en el precio del petróleo hará que la paridad del país exportador quede sobrevaluada o el aumento en la productividad del trabajo con salarios constantes, hará que se subvalúe.

La manipulación que haga el banco central de su moneda es uno de muchos factores que determinan lo que en economía se llama su “tipo de cambio real.” El yuan chino, principal blanco de los senadores populistas de EU, ha venido apreciándose en términos reales perceptiblemente pues los salarios han subido más que la productividad, mientras que la paridad nominal no ha cambiado mucho.

El líder de la Cámara de Representantes, que tendrá por fuerza que aprobar el “fast-track,” dijo que no pondrá a votación la legislación sobre manipulación cambiaria, y en el remoto caso que lo hiciera y fuera aprobada, la Casa Blanca ha indicado que la vetaría, por lo que ésta parece una victoria pírrica para los populistas.

Lo que sigue sin estar claro es si el proyecto de ley que autoriza “fast-track,” con o sin los esperpentos legislativos que los senadores le colgaron, tiene suficientes votos para ser aprobada pronto, pues conforme se acerque la elección presidencial de 2016 y se calienten las campañas, sus probabilidades disminuyen.

Lo que ha llamado poderosamente la atención entre la comentocracia de Washington es el vuelco populista que ha dado Hillary Clinton, la única candidata seria para la nominación presidencial del Partido Demócrata, que como Secretaria de Estado impulsó la Alianza Transpacífica pero ahora anuncia que tiene “serias dudas.”

Presionada por su facción populista, con la incendiaria senadora Elizabeth Warren al frente, la ideología del Partido Demócrata se ha sesgado hacia una izquierda proteccionista y estatizante, lo que forzó a Hillary a dejar la zona ideológica centrista con la que gobernó su marido Bill con tanto éxito en los 1990s.

Hoy Clinton apoya la ley contra la manipulación cambiaria y rechaza el diseño del mecanismo para resolver disputas entre inversionistas y gobiernos (su acrónimo en inglés es ISDS) que da a “las empresas más poder que a los consumidores para subvertir reglas ligadas a salud pública, medio ambiente y asuntos laborales.”

Como comentó mi viejo amigo Gary Hufbauer[1] del respetado think-tank Peterson Institute for International Economics, el ISDS hasta hace poco conocido sólo por peritos en temas comerciales, es un mecanismo que ordena a los gobiernos que atiendan los siguientes principios en su relación con inversionistas extranjeros:

  • Que haya una compensación justa en caso de expropiación.
  • Que tengan los mismos derechos y beneficios que las empresas nacionales.
  • Que los gobiernos les den un trato justo y equitativo.

En caso que se violen tales ordenamientos los inversionistas pueden demandar al gobierno, disputa que se resuelve por un panel de expertos en un centro especializado en el Banco Mundial. Virtualmente todos los tratados de libre comercio e inversión vigentes incluyen ISDS, que hoy están bajo la mira de los populistas.

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