Por consejo y con ideas de Joseph Sobran inició mi ruta clara.

A finales de la década de 1980 inicié la lectura de las obras de libertarios rothbardianos –quienes se autodenominaban con el poco atractivo nombre de “anarco capitalistas”. Eran brillantes, muy combativos, con ideas desafiantes y argumentos sorprendentes. Rothbard poseía una inteligencia profunda además de un gran conocimiento de historia. ¡Su obra principal -Man, Economy and State- había recibido grandes elogios del normalmente reservado Henry Hazlitt!

En Murray puedo afirmar  lo que muchos otros han dicho ya: nunca en mi vida encontré una mente tan original y vigorosa. Aunque escribió docenas de importantes libros y centenares de artículos, también se dio tiempo para escribir innumerables cartas, largas, a un solo espacio y muy bien razonadas, para todo tipo de gente. Las ideas de Murray sobre política eran rotundas: el estado no era otra cosa que una banda de criminales llevada a lo grande. Por mucho que concordaba con él en términos generales, por mucho que me fascinaran sus argumentos, me resistía a sus conclusiones. Todavía quería creer en los gobiernos constitucionales.

A Murray no le parecían en lo absoluto tales formas de gobierno: afirmaba que la convención de Filadelfia, donde la Constitución había sido esbozada, era solamente un “golpe de estado,” que centralizaba el poder y destruía los acuerdos mucho más tolerables de los Artículos de la Confederación. Esto contradecía todo lo que a mí me habían enseñado. ¡Yo nunca había escuchado a alguien sugerir que esos Artículos hubieran sido preferibles a la Constitución misma! Pero a Murray no le importaba lo que pensaran otros –o lo que todos pensaran. (Él era demasiado radical para Ayn Rand).

Sin embargo mi conversión final se debe al brillante discípulo de Murray, Hans-Hermann Hoppe. Hans afirmaba que ninguna constitución podría contener al estado. Una vez que el monopolio de la fuerza ha conseguido legitimidad, los límites constitucionales se transforman en meras ficciones que el estado puede ignorar; nadie podrá estar en una posición legal para hacer cumplir esos límites. El estado mismo decidiría, mediante la fuerza, lo que la constitución “quiere decir”, y gobernará siempre en su propio favor y para incrementar su propio poder. Ésta es una verdad a priori, y la historia de América lo confirma.

¿Qué pasaría si el Gobierno Federal violara gravemente la Constitución? ¿Podrían los estados retirarse de la Unión? Lincoln dijo no. La Unión era “indisoluble”, a menos que todos los estados acordaran disolverla. En la práctica, eso lo resolvió la Guerra Civil. Así, la gente está obligada a obedecer al gobierno aun si los gobernantes rompen su juramento de mantener la Constitución. No hay escapatoria. Para Lincoln, lo que es “inalienable” es el estado, no nuestros derechos.

Como dice Hoppe, es un error pensar que el estado puede ser controlado por una constitución. Una vez concedido, el poder del estado se vuelve, de manera natural, absoluto. La obediencia se da en una sola dirección. En teoría, “Nosotros, el Pueblo” creamos un gobierno y especificamos los poderes que puede ejercer sobre nosotros; nuestros gobernantes juran ante Dios que respetarán los límites que les hemos impuesto; sin embargo, cuando pisotean esos límites, nuestro deber de obedecerlos permanece.

Con todo, incluso después de la Guerra Civil, ciertos escrúpulos sobrevivieron durante algún tiempo. Los americanos aún estaban de acuerdo en que el Gobierno Federal podría adquirir nuevos poderes sólo si se hacían enmiendas a la Constitución. De ahí que las enmiendas de la posguerra incluían las palabras “el Congreso tendrá el poder para” aprobar tal y tal legislación.

Sin embargo, en la época del New Deal, quedaban pocos rastros de tales escrúpulos. Franklin Roosevelt y su Suprema Corte interpretaron la Cláusula de Comercio tan ampliamente, como para autorizar virtualmente cualquier solicitud del Gobierno Federal, y la Décima Enmienda de manera tan estrecha, que le quitaron todo poder que pudiera representar un obstáculo.

En resumen, la Constitución de EU es letra muerta. Fue herida de muerte en 1865. Su cadáver no puede ser revivido.

El derecho de propiedad o principio ético de no agresión es la única ley universal, simétrica y funcional que permite el desarrollo armónico de los seres humanos. Los contratos libremente pactados generan reglas concretas particulares que, junto con algunas normas tradicionales, facilitan la coordinación social. El Estado, el monopolio impuesto de la coacción y la jurisdicción sobre un territorio y unos súbditos, es ilegítimo en la medida en que no respete los derechos de propiedad y no sea fruto de acuerdos contractuales libremente aceptados por los individuos: las constituciones no son contratos libremente pactados si las mayorías las aprueban en contra de minorías que no tienen oportunidad de rechazarlas. Una sociedad libre no tiene Estado así entendido.

Según el minarquismo un Estado mínimo es necesario para proporcionar a un colectivo ciertos bienes públicos: servicios de defensa y relaciones diplomáticas frente al exterior (evitar ser oprimidos por otros grupos organizados), y legislación, policía y justicia para el orden interior (preservar el orden social y la civilización, resolver conflictos y no caer en la barbarie). El minarquismo delimita las funciones del Estado e intenta controlarlo para evitar su crecimiento liberticida mediante límites constitucionales, contrapesos institucionales o mecanismos de elección de los gobernantes.

Según el anarquismo liberal los monopolios estatales no son necesarios, no son eficientes o incluso son nocivos: la eliminación de la posibilidad de la competencia deteriora la calidad del servicio o incrementa su precio; y además el poder corrompe fácilmente a los gobernantes. Las funciones del Estado deben eliminarse o privatizarse. Los presuntos bienes públicos en realidad no son tales al ser de consumo rival y/o excluible, y pueden prestarse por asociaciones, empresas o cooperativas privadas: agencias de seguridad, jueces en competencia, producción de ley mediante cláusulas contractuales.

El anarquismo liberal basa sus argumentaciones en dos ideas problemáticas que suelen proceder del ámbito de la ciencia económica: que los individuos, con sus derechos de propiedad bien asignados y separados, se integran en la sociedad porque perciben racionalmente los beneficios de la especialización, la división del trabajo y los intercambios de mercado; y que la fuerza y la seguridad son servicios como cualquier otro, y pueden producirse y distribuirse en un mercado por diversos competidores especializados.

El estado y su gobierno son la negación de esos principios. Por eso yo busco avenidas en el liberalismo puro... el anarquismo liberal.