Es muy difícil utilizar la fuerza pública para aplicar la ley. Pero una vez que se toma esta decisión, es más preocupante que la fuerza pública sea derrotada o ceda en su intento.

Para que exista realmente un Estado, dicen los especialistas, éste debe tener el monopolio de la fuerza. Y si no el monopolio, cuando menos una razonable hegemonía sobre otras fuentes de fuerza.

Pero ésta no parece ser la situación en México. Hemos visto en las últimas semanas cómo los grupos leales a Napoleón Gómez Urrutia en el Sindicato Minero han puesto en jaque al Estado al violar abiertamente la ley y tomar las instalaciones de la empresa Sicartsa en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Ni siquiera el uso de casi un millar de policías estatales y federales, en una zacapela que dejó cuando menos tres muertos, fue suficiente para dejar cabalmente liberadas las instalaciones.

No debe sorprender la decisión de Napoleón Gómez Urrutia de defender a toda costa la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares. Éste ha sido desde hace mucho tiempo un feudo familiar. Su padre, Napoleón Gómez Sada, tuvo el control durante décadas. Cuando éste se encontraba ya enfermo, manejó la sucesión para favorecer a su hijo. La elección de Napito, como con frecuencia se le llama al hijo, fue objetada por algunos grupos del sindicato, quienes afirmaban que no cumplía con los requisitos legales para ocupar la secretaría general del sindicato. Pero los grupos leales a don Napoleón se encargaron de garantizar esta sucesión de padre a hijo.

Gómez Urrutia ha consolidado en los últimos años su control sobre el sindicato, pero el destino de 55 millones de dólares entregados por el Grupo México como “compensación” por la privatización de dos minas hace años le ha generado nuevos problemas internos. El grupo que lo ha desconocido como secretario general se queja de que el dirigente no ha entregado cuentas claras sobre la distribución de este dinero a los mineros que tenían derecho a recibirlo.

El pleito interno en el sindicato ha dividido a las empresas. Altos Hornos de México (AHMSA) se ha pronunciado a favor de Gómez Urrutia y ha cuestionado a la Secretaría del Trabajo. El sindicato minero paralizó las actividades de Sicartsa, a pesar de que no había un contrato en negociación lo que hacía ilegal la huelga, debido a que acusa al Grupo Villacero, dueño de la planta, de haber apoyado al grupo disidente.

Pero independientemente de cuáles sean los intereses que se muevan detrás del pleito del sindicato, o de los grupos empresariales que han tratado de intervenir en el proceso, el hecho es que la supuesta huelga en Sicartsa era ilegal. El Estado mexicano tenía obligación de liberar las instalaciones de la empresa para cumplir una orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero el operativo, que se llevó a cabo con fuerzas federales y estatales, terminó en tragedia. Y a pesar de las muertes y los heridos en el operativo, dos de los accesos a las instalaciones siguen estando bajo control del sindicato.

Difícil es siempre usar la fuerza pública para hacer cumplir la ley. Pero más inquietante es que cuando el Estado se decide a hacerlo no tenga realmente la fuerza para cumplir a cabalidad con su tarea.