El INEGI dio a conocer el crecimiento de la economía durante el segundo trimestre del presente año. Después de que durante el primer trimestre la economía se expandió a una tasa trimestral anualizada de 1.7% (0.4% elevada a la cuarta potencia), en el trimestre abril - junio la tasa anualizada fue de 2% (0.5% elevada a la cuarta potencia). Ante esta información, la Secretaría de Hacienda redujo su pronóstico de crecimiento para este año a un rango de entre 2 y 2.8%, ligeramente arriba del rango establecido por el Banco de México la semana anterior de entre 1.7 y 2.5%.

En el comunicado que emitió la Secretaría de Hacienda, se aducen diversas causas del bajo crecimiento registrado, tales como el bajo dinamismo de la economía mundial, el bajo crecimiento de las exportaciones manufactureras (excepto automóviles) debido al también menor  crecimiento del sector industrial en Estados Unidos (de América), la menor producción de petróleo, etcétera. Estas causas son en principio correctas para explicar la coyuntura, pero no van al fondo del  asunto de porqué la economía sigue mostrando un mediocre desempeño. De darse un crecimiento este año de alrededor de 2.3%, nos situaríamos en la media de los últimos 30 años, lo que implica un año más en que el PIB por habitante estaría prácticamente estancado.

Como mencioné en mi artículo de la semana pasada, es necesario tomar urgentemente cinco acciones para lograr que la economía crezca, estructuralmente, a tasas más elevadas: a) una menor y más eficiente regulación de los mercados para reducir las barreras de entrada y salida de los mercados, que éstos operen en condiciones de competencia y reducir significativamente la incidencia de corrupción; b) un poder judicial, particularmente en los tribunales estatales, que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que proteja los derechos privados de propiedad y garantice el cumplimiento de los contratos; c) una mayor eficiencia y eficacia del gasto público, tanto en proyectos de infraestructura como en aquellos de carácter social; d) la reducción de los costos para las empresas que representan sus contribuciones al sistema de seguridad social, moviéndose hacia un sistema de seguridad social universal que requiere, necesariamente, la homogeneización del IVA; y, e) una mejora significativa en materia de seguridad pública, ya que en la actualidad más del 95% de los delitos del fuero común se cometen con impunidad.

Los cinco puntos anteriores obviamente no son todas las reformas que se requieren; podemos agregar a la lista una reforma profunda a la legislación del sector agropecuario que defina con mayor eficiencia los derechos de propiedad, una nueva reforma de la legislación laboral que reduzca los costos de contratación a través de una reducción de los costos de despido junto con la eliminación de la cláusula de exclusión sindical, mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, particularmente en los estados y municipios, etcétera.

El punto central que quiero destacar es que para que México transite hacia mayores niveles de desarrollo económico, requerimos movernos hacia un íntegro estado de derecho, uno en el cual la libertad individual sea lo más importante. Derechos privados de propiedad eficientemente definidos, protegidos y garantizados, libertad en la utilización de los recursos mientras no se atente en contra de los derechos de terceros y plena libertad de intercambio, nos llevarán a un mayor desarrollo y un mayor bienestar individual, familiar y social.

En el último informe de libertad elaborado por el Instituto Cato nos situamos en el lugar 100 de 152 países evaluados. La lección es clara: mayor libertad, mayor premio a la generación de riqueza, mayor desarrollo económico.