El principal poder de cualquier gobierno (de izquierda, centro, derecha; democrático, autocrático, republicano, etc.), sin el cual pronto dejaría de existir, es el poder cobrar impuestos, es decir, el poder obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos. Por eso se llaman así: impuestos.

Ese poder, en manos poco escrupulosas, como por lo general terminan siendo las de los políticos, legisladores y gobernantes, hace que el cobro de impuestos degenere, ¡tal y como ha sucedido!, en un robo legal (cada impuesto tiene su ley, que lo hace legal, pero no por ello necesariamente justo), como sucede con la mayoría de los impuestos que se cobran, y no por la variedad y elevadas tasas de los mismos, sino por el destino que el gobierno le da a los recursos así obtenidos, destino que muchas veces nada tiene que ver con las legítimas tareas del gobierno, que son: 1) garantizar la seguridad contra la delincuencia; 2) impartir justicia, al menos en la faceta de castigar al delincuente (resarcir a la víctima, la otra faceta de la justicia, no es responsabilidad del gobierno); 3) ofrecer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban ofrecerse (por ejemplo: alumbrado en las calles); 4) organizar la convivencia en los espacios públicos (por ejemplo: instalar semáforos); 5) obligar a compensar por externalidades negativas (por ejemplo: obligar a quien contamina a indemnizar por el daño causado).

Estas son las legítimas tareas del gobierno, y ninguna de ellas supone redistribución (quitarle a A lo que es de A, para darle a B lo que no es de B), sin olvidar que hoy gobernar es sinónimo de redistribuir. ¿No me creen? Revisen el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016 y vean cuánto del gasto propuesto es redistributivo. Por lo menos dos terceras partes.

El gobierno gasta en lo que no debe, por lo tanto gasta de más, y muchas veces de mala manera.

Continuará.