Esta semana fue de intensa actividad en Washington sobre los derechos humanos en México, empezando por un largo reportaje en el Washington Post (WP) que relata que el Departamento de Estado canceló cinco millones de dólares de “ayuda” a nuestro país para combatir al narco como parte de la Iniciativa Mérida (IM).

Hay que empezar por describir las razones por las que Estados Unidos emite juicios sobre los asuntos internos de otras naciones, lo que se explica porque toda “ayuda” externa que otorga ese país, por ley debe ser aprobada por su Congreso, ente responsable de autorizar todo gasto público.

La “ayuda” externa es supervisada por varias entidades del poder Ejecutivo, empezando por el Departamento de Estado a cargo de su diplomacia, y que en este caso tiene la obligación impuesta por el Congreso de preparar anualmente un reporte sobre los avances en la protección de los derechos humanos en el país receptor.

El proceso de aprobación legislativa es particularmente complicado pues depende de la actitud de los congresistas (435 diputados y 100 senadores) frente a la “ayuda” en cuestión, y su beneplácito siempre implica que se involucren un crecido número de comités en los que las agendas particulares de los legisladores van primero.

Se aprovechan proyectos legislativos e informes ejecutivos para hacer grilla y para que congresistas y funcionarios ventilen opiniones y prejuicios priorizando la política interna mucho más que la efectividad de los programas de cooperación en cuestión.

Desde que se concibió la IM en 2008 fue necesario desplegar una delicada labor de filigrana diplomática y política realizada con habilidad notable por la Embajada de México en Washington, en innumerables reuniones con funcionarios de gobierno, congresistas y sus asistentes, que son quienes redactan los proyectos de ley.

Allí es donde hay que poner especial cuidado en vigilar el lenguaje del proyecto de ley o del reporte de avance sobre la cooperación, de tal naturaleza que reflejen las diversas preocupaciones que llevan a la mesa los legisladores pero también las prioridades de México como país receptor.

Quizá el hecho que nuestra Embajada estuvo sin titular un semestre y la Embajada de EU en México siga sin embajador, explique cómo por primera vez en siete años el Departamento de Estado anuncie que México fracasó en avanzar en la protección de derechos humanos en su territorio, cancelando la partida de ayuda correspondiente.

El texto de WP y otro similar del New York Times, son cuestionamientos tajantes del gobierno federal responsabilizándolo de violar los derechos humanos, haciéndose eco de organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, con una agenda ideológica y política tendenciosa en extremo.

Afirma que “el más notorio caso reciente de presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad involucra la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de una escuela Normal” en Ayotzinapa, acusando al gobierno federal de ser responsable, cuando las autoridades locales y estatales fueron indudablemente las culpables.

Desde un principio la comunidad vinculada a esa escuela, de radical izquierda e integrada por forajidos que secuestran regularmente autobuses de servicio público y sus choferes, bloquean carreteras, incendian gasolineras y asesinan a sus operarios, todo ello con la más absoluta impunidad, vio la desaparición de los 43 como un perfecto pretexto para culpar al gobierno federal y procurar su caída.

Esto se agrava cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y sus “expertos independientes” hacen un reporte tendencioso y poco profesional, y el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU califica de inaceptable el nivel del crimen “en un país que no se encuentra en medio de un conflicto”… ¿y la guerra contra las drogas, condonada por la ONU, que ha matado a 150,000 mexicanos?

Hubo mucho más pero seguiremos la próxima…