Hasta no hace mucho en México, el poseer una compañía del giro que fuese, le obligaba al propietario a registrarse y pertenecer a una Cámara empresarial. Obviamente esto era una herencia del México corporativista que impuso el partido dominante después de la revolución. Sin lugar a dudas se trataba de un acto fascista.

El obligar a la pertenencia de un grupo con el pago de cuotas para unos cuantos parásitos que vigilaban a todos sus miembros, era un acto de control corporativista del viejo PRI. No hace mucho también, la Suprema Corte dictaminó este acto como anticonstitucional, pues violaba arteramente el principio de libertad de asociación.

Este triunfo libertario puede irse al caño otra vez. Algunos senadores proponen que todo profesionista o profesional de carrera universitaria tenga la obligación de certificarse y adherirse a algún grupo colegiado para ejercer su profesión. Ya prácticamente tienen lista la iniciativa.

La semana pasada escribí un artículo sobre el Estado interventor en la economía. El Estado se mete hasta en las sábanas de las personas. Y la iniciativa de colegialización o certificación es otro ejemplo más.

De entrada se viola la constitución al condicionar a una persona a ejercer libremente una profesión u oficio que no dañe a los demás. Pero lo peor, se pretende que un grupo de colegiados decida quién debe ejercer o no una profesión. Esto no es otra cosa que la creación de monopolios para ejercer y desempeñar una profesión. Esto ha dado al traste y encarecido la atención médica o de abogacía en países como Estados Unidos, y ha permitido la creación de pequeñas mafias corporativistas que deciden quién ejerce determinada profesión.

Quien debe decidir si un profesionista es competente o no es el mercado, es decir, los clientes quienes reciben atención por parte de los profesionales con carrera universitaria. Si un profesional es incompetente, simple, pierde la chamba o se queda sin clientes, y tendrá que dedicarse a otra cosa. El papel de las universidades es el de certificar si un profesional está calificado para ejercer. Si alguna universidad no certifica con el rigor académico requerido, entonces el mercado la castiga y no acepta a sus egresados en las distintas organizaciones empresariales. Así de sencillo es el mercado, lo que muchos estatistas no acaban de entender, como los senadores que proponen la certificación obligatoria de profesiones.

El Estado mexicano pretende volver a las viejas prácticas de la colonia española, en donde un minúsculo grupo de privilegiados aristócratas decidía quién ejercía tal o cual profesión.

La colegialización forzada además es una barrera a la entrada de profesionales de otros países que quieran ejercer sus conocimientos en México. Es una medida proteccionista en materia del ejercicio profesional de una carrera.

Si hay disciplinas relacionadas con la vida de las personas (como la medicina o la enfermería), la certificación debe ser voluntaria y estar orientada a crear reputación profesional en el mercado. Nada más.

Ojalá se detenga esta aberrante medida que sólo dará pie a que se encarezcan los costos de ejercer una determinada profesión (y por ende los costos de transacción subirán). Y lo peor, con este tipo de iniciativas se viola flagrantemente los derechos de asociación voluntaria, se crean monopolios de unos cuantos como el de la barra de abogados, que lejos de formar abogados competentes sólo es una fuente de dinero para unos cuantos vivales; si no me cree el lector, ¿por qué tenemos un Estado de Derecho fallido? ¿Por qué a pesar de la certificación obligatoria, hay tanto abogado incompetente? Los mejores abogados y mejor pagados son los que el mercado premia, jamás los que un gremio monopólico impulsa.

Ya en su momento el gran Milton Friedman analizó y criticó severamente a los grupos colegiados de EU en materia médica y jurídica. Los calificó como meros monopolios al servicio de una minoría de vivales que sólo inhibían la libre competencia entre profesionistas. 

Ojalá se detenga esta nefasta iniciativa de Ley que viola los derechos humanos más elementales en materia del ejercicio libre de una profesión. 

¿Estamos de regreso a la época del viejo imperio español? Si es así, qué desgracia, las consecuencias económicas serán catastróficas.