El desempeño de la economía a lo largo de las últimas tres décadas ha sido, en promedio, notoriamente mediocre, condición que se ha mantenido a lo largo de este último trienio. Después de crecer 1.4 y 2.1% en los dos años anteriores, el de este año se situará entre 2 y 2.3% y la expectativa es que en el mejor de los casos el del próximo año sea de alrededor del 3%. Es necesario, en consecuencia, impulsar estructuralmente el crecimiento.

En el artículo de la semana pasada mencioné cuatro variables: a) una regulación más eficiente y transparente, una que reduzca las barreras de entrada y salida de los mercados; b) un rediseño del arreglo tributario para alinear los incentivos que de éste se derivan con el objetivo de mayor crecimiento, actuando simultáneamente sobre el gasto público para que sea eficiente y eficaz y contribuya al crecimiento económico; c) una reforma agraria que genere los incentivos para la modernización del sector tal que se traduzca en una mayor productividad; y, d) una reforma educativa que dote a los estudiantes de los conocimientos y herramientas requeridas para cuando ingresen al mercado laboral. En este artículo analizaré otras dos: el sistema de seguridad social y el papel del poder judicial en la protección de los derechos privados de propiedad y la garantía del cumplimiento de contratos.

El sistema de seguridad social está constituido básicamente por dos pilares: el IMSS y el Seguro Popular (el tercero sería el ISSSTE). Por como está diseñado, las contribuciones patronales al IMSS actúan efectivamente como un impuesto al empleo formal, mientras que el Seguro Popular es, de facto, un subsidio a la informalidad laboral (lo cual agrava el efecto de la excesiva e ineficiente regulación de los mercados) y de ahí que casi 60% de la PEA labore sin tener acceso a la seguridad social. Esto tiene efectos negativos sobre el crecimiento, destacando el que las empresas prefieran mantenerse en la informalidad en muy pequeñas unidades de producción (para no ser fiscalizadas ya sea por el IMSS o el SAT ahorrándose las respectivas contribuciones y los impuestos), sin lograr economías a escala y produciendo con una tecnología obsoleta, siendo en consecuencia unas de muy baja productividad y sin contribuir al crecimiento económico. En consecuencia, es necesario moverse hacia un sistema de seguridad social universal financiado de la recaudación general de impuestos (de ahí la necesidad de homogeneizar el IVA) y reduciendo simultáneamente las cuotas patronales al IMSS.

Respecto del segundo, la protección judicial de los derechos privados de propiedad y la garantía del cumplimiento de contratos, se puede afirmar que éste es el eslabón más débil de toda la cadena que constituye el arreglo institucional. Por diseño constitucional (artículo 104), prácticamente todas las controversias entre particulares, específicamente cuando se tratan de violaciones de contratos de carácter mercantil, son atendidas en los poderes judiciales estatales, los cuales en su mayoría no son verdaderamente independientes, no son íntegramente imparciales (hay una alta incidencia de corrupción) y no son ni eficientes ni expeditos (la duración promedio en el país de un juicio ejecutivo mercantil con recurso de apelación y ejecución de la sentencia es de más de 5 años). Esta deficiencia institucional, la cual a nadie le importa y nadie atiende, deriva en una asignación socialmente ineficiente de recursos y se constituye como uno de los principales que inhiben la inversión privada, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento.

Para lograr un mayor y sostenido crecimiento, es necesario atender lo aquí apuntado.