Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.