Los nuevos populismos toman de donde sea su arsenal de promesas de campaña, especialmente del armario un tanto polvoso de la ideología marxista. Una vez en el poder, es incierto si la dura realidad les obligará a desechar su palabrería electorera o si, por el contrario, la dura realidad les invitará a realizar una fuga hacia delante: no sólo cumplir sus desorbitadas promesas de campaña sino doblar la apuesta, justamente para eludir los reclamos y las insatisfacciones cotidianos.

Por eso, si un populista asegura que “cumplir” es su fuerza, más vale creerle.

Tabaré Vázquez, en Uruguay, confrontado con las duras realidades del gobierno y teniendo a la vista el ejemplo chileno, parece haber renunciado a las inflamadas promesas de igualitarismo paradisíaco e inmediato y hoy se muestra reacio a ser compañero de viaje de Hugo Chávez o de Néstor Kirchner en el delirio de la autarquía como respuesta a la globalización.

Evo Morales ha hecho lo contrario. Ha puesto su resto a favor de la aplicación puntual del programa del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lo llevó al poder. Al expropiar la producción y comercialización de hidrocarburos el gobierno de Morales cumple al pie de la letra lo que anunciaba el programa del MAS. Lo sorprendente no es que lo haya hecho, sino la gran ingenuidad con que los inversionistas extranjeros –especialmente, el gobierno de Brasil a través de Petrobras y los inversionistas españoles a través de Repsol– aceptaron la versión de que con Morales podían negociar. Los españoles, en especial, fueron persuadidos por el sonriente José Luis Rodríguez Zapatero de que el gobierno de Evo sería, en todo caso, una versión andina y folclórica del propio gobierno de Zapatero: Mucha retórica hueca y pocas nueces. Se equivocaron.

Lo que pocos fuera de Bolivia han advertido es que el gobierno de Morales no sólo decretó la expropiación de los activos de Repsol y Petrobras, sino que –escondido en el numeral 3 del sexto artículo del decreto 28701 del primero de mayo- aprovechó para expropiarle a los trabajadores bolivianos buena parte de sus fondos de pensiones invertidos en las llamadas empresas capitalizadas. El decreto, sin más explicación ni preámbulo, anuncia que “Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre de las Administradoras de Fondos de Pensiones en las empresas Chaco SA., Andina SA. y Transredes SA. serán endosadas a nombre de YPFB”. Esto significa, en buen romance, que la empresa del gobierno (YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) se embolsa los ahorros de los trabajadores.

Vale la pena analizar todo lo que hay detrás del decreto expropiatorio –y lo que vendrá en los siguientes capítulos de esta tragicomedia boliviana- en las “Ideas al vuelo” de mañana.