Estas últimas semanas las noticias en nuestro país han girado, en gran medida, alrededor de la notoria debilidad del estado de derecho, característica histórica de México. Veamos algunos de ellos.

1. Los hechos que se suscitaron en Atenco no son más que el último eslabón de una larguísima cadena de violaciones al estado de derecho. El que históricamente en nuestro país las leyes y reglamentos se hayan aplicado con total discreción por parte de las autoridades, decidiendo cuándo y a quién sí se le aplican y cuándo y a quién no se le aplican, ha generado entre la población un absoluto desprecio por la legalidad y una amplia cultura de impunidad y de corrupción. El resultado allí está: violencia por la decisión de una autoridad municipal para que se aplique un simple reglamento. Que el gobierno, a principios del sexenio, haya doblado las manos frente a los campesinos de Atenco, con el débil argumento de que era preferible privilegiar la paz social por sobre el estado de derecho, dio la señal de que prácticamente cualquier acto delictivo, mientras estuviese amparado por una supuesta causa social, sería permitido.

2. La toma de las instalaciones de Sicartsa por parte de una sección del sindicato minero y que derivó también en actos violentos, es resultado de haberle dado a los sindicatos, dentro del esquema corporativista que sirvió como pilar al sistema político mexicano, enormes privilegios sin exigirles a cambio responsabilidad por sus actos. Los paros de los mineros son a todas luces ilegales y por lo mismo deben ser penalizados. La impunidad que genera la falta de castigo a los infractores de la ley, da la señal a cualquier inversionista, nacional o extranjero, de que sus recursos y sus derechos no están efectivamente garantizados, por lo que no sorprende que México, cada día que pasa, sea menos atractivo para los inversionistas.

3. Diversos sindicatos, apoyándose en la ridícula disposición de la Ley Federal del Trabajo que permite las huelgas de solidaridad y ejerciendo su derecho constitucional a manifestar sus ideas, generan en el Distrito Federal un enorme caos, violando los derechos de terceros ante la absoluta impasibilidad de las autoridades.

4. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cual Santa Clos, decidió violentar el estado de derecho. Cuando tomó posesión de su cargo, juró cumplir y hacer cumplir las leyes; sin embargo, en un acto que considera como magnánimo, violando él mismo las disposiciones legales que juró cumplir, decidió perdonarle las multas por exceso de velocidad a quienes violaron el reglamento de tránsito vigente, argumentando que con ello buscaba que los automovilistas tomarán conciencia de sus actos. ¡Ja, ja, ja! Si un automovilista que violó el reglamento sabe que nunca será castigado por las autoridades, tendrá todo el incentivo para seguirlo violando. El desprecio por la legalidad de nuestras autoridades es inaudito y ello es lo que genera esa cultura de ilegalidad e impunidad entre la ciudadanía. Dando la señal de que las leyes pueden ser violadas impunemente, no genera una conciencia de civilidad.

5. Un individuo que hizo su carrera política violando las leyes, despreciando las sentencias del Poder Judicial y que opina que si una ley se le considera injusta no tiene porqué ser observada, es ahora candidato a la presidencia de la República.

6. Este mismo individuo, ante su caída en las preferencias electorales, decide difamar a diversas personas sabiendo que, aunque esté cometiendo un delito, no será castigado.

Históricamente en nuestro país la vigencia u observancia del estado de derecho ha sido notablemente débil. Además de no tener un marco legal eficiente que garantice la igualdad de oportunidades de acceso a los diferentes mercados en un entorno de competencia, una de las condiciones necesarias para poder afirmar que existe el estado de derecho, destaca que el propio gobierno, en todos sus niveles, no cumple con el principio básico de sujetarse al propio marco legal, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes vigentes. El resultado de esta debilidad lo tenemos a la vista: impunidad en la comisión de delitos y corrupción, lo cual ha derivado en un desempeño económico que históricamente puede ser calificado como mediocre.