Las discusiones que se dan en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, nos muestran que la estrategia adoptada por cada uno de los partidos y sus integrantes es un juego no cooperativo cuyo resultado es que el país, su población, resulta ser el gran perdedor. Aparentan, en la mayor parte de las ocasiones, estar de acuerdo en los principios básicos de los diferentes temas que se discuten y en la finalidad de las diferentes leyes que se ponen sobre la mesa para su discusión, pero cuando se trata de concretar esos acuerdos se cae en una situación en donde predomina el boicot y, en consecuencia, poco se avanza. Todos dicen estar de acuerdo con que México requiere de un mejor y más eficiente marco legal para que el país entre en un proceso sostenido de desarrollo económico, uno que signifique mayor ingreso por habitante, menor pobreza y menor iniquidad, pero poco hacen para lograrlo o, de plano, lo que legislan genera el resultado opuesto al objetivo establecido. Uno de los mejores ejemplos de esta estrategia no cooperativa, la estrategia del boicot, lo constituye lo que ahora está sucediendo en la Cámara de Diputados con la propuesta de la nueva Ley del Mercado de Valores, iniciativa que ya fue aprobada en el Senado de la República.

Uno de los aspectos centrales en la operación de un mercado accionario lo constituye la protección de los intereses de los accionistas minoritarios, misma que se sustenta en la transparencia de la situación que impera en cada una de las empresas cuyas acciones se cotizan en el mercado y la garantía de que las operaciones de compra –venta de acciones en el mercado no se llevan a cabo con información privilegiada por parte de los participantes. De allí que sea indispensable que el marco legal que regula al mercado accionario contenga disposiciones explícitas que obliguen a las empresas a divulgar toda la información pertinente, no solo sobre su situación financiera, sino también de las decisiones que se estén tomando en el consejo de administración y/o por parte de los accionistas mayoritarios y que afecten el desempeño de las empresas y, en consecuencia, el valor de sus acciones en el mercado. Se requiere de un marco regulatorio que tienda a garantizar sanas prácticas de gobierno corporativo que evite que los accionistas mayoritarios o aquellos encargados de la administración y operación de las empresas tomen decisiones que atenten directa o indirectamente en contra de los intereses de los accionistas minoritarios sin que ello implique, y es importante señalarlo, que se tenga que garantizar un tasa de rendimiento. Tener una regulación con estas características, entre muchas otras también importantes, permite que el mercado de valores sea una fuente para que las empresas puedan conseguir los recursos de largo plazo que les permitan financiar su inversión y ser simultáneamente un mercado en el cual los ahorradores puedan diversificar su cartera de activos financieros.

Por lo anterior, es clave que en la Cámara de Diputados se apruebe la iniciativa de Ley que, como se señaló, ya fue aprobada en la de Senadores. Sin embargo, y aquí es donde está el punto central. A pesar del consenso que existe al respecto, los diputados de la Comisión de Hacienda, particularmente los del PRD, ya cayeron en el juego no cooperativo y en el boicot y están dispuestos a dejar pasar una oportunidad única de hacer del mercado accionario mexicano uno moderno, uno que induzca a más empresas a hacerse públicas, uno que permita que fluya una cantidad creciente de recursos para el financiamiento de la expansión de la capacidad de producción y del empleo, uno que le permita a las Afores diversificar la cartera de activos de las pensiones que administran, y muchos beneficios más.

Es una pena tener en el Congreso a este tipo de individuos dizque protegiendo los intereses de la Nación. Es por ellos, en gran medida, que este país simplemente no avanza y es por ello también que urge introducir mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los legisladores. A ver si ahora, presionados por líderes sindicales que también se niegan a ser transparentes, no echan para atrás las reformas aprobadas el año pasado a la ley del IMSS; sería una tragedia.