El presidente Peña promulgó las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Es, sin duda, un gran logro derivada de la presión ejercida por la sociedad ante el hartazgo por la alta incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos y la impunidad imperante. Quedan aún, sin embargo, algunos pendientes que tratar como son la reglamentación de las leyes, el nombramiento de un fiscal verdaderamente autónomo, la conformación del Tribunal, la reforma a otras leyes relacionadas como es la de Obras Públicas, etcétera. Enorme avance para combatir el más importante flagelo que enfrentamos los mexicanos, un cáncer que corroe al sistema y que tiene un muy elevado costo para la sociedad que se refleja en menor inversión, menor crecimiento y menor nivel de bienestar de la población.

Hay sin embargo un aspecto que difícilmente será atendido y combatido por el SNA: la corrupción "al menudeo". De acuerdo a estimaciones realizadas por Transparencia Mexicana cada año se cometen más de 200 millones de actos de este tipo, afectando relativamente más a las familias de menores ingresos es decir, se trata de un impuesto notoriamente regresivo. Ejemplos de este tipo de corrupción abundan: pagos que hay que hacer para obtener un permiso de construcción, para conectarse a las redes de electricidad y el sistema de agua, para que el servicio de limpia municipal recoja la basura generada en los hogares y los establecimientos mercantiles, para evitar ser sancionado con una multa por una infracción real o inventada (extorsión) que violente tal o  cual reglamento, para abrir y operar una empresa y muchos, muchos más.

Uno de los grandes problemas que tenemos en México es, como atinadamente lo escribió Luis Rubio es su artículo publicado en el periódico Reforma "Las reglas y el crecimiento", la enorme discrecionalidad en la interpretación y aplicación de leyes y reglamentos. Es precisamente esta discrecionalidad lo que le permite a funcionarios públicos actuar como buscadores de rentas y utilizar el poder público para obtener un beneficio personal. Y es en este aspecto del arreglo institucional que es prácticamente imposible que el SNA logre una mella significativa, sino es que nula.

Es claro que se requiere avanzar para alcanzar un arreglo regulatorio, en los tres órdenes de gobierno que sea eficiente, transparente y no sujeto a la interpretación discrecional por parte de los burócratas; solo así se podrá combatir el flagelo de la corrupción "al menudeo". El problema, sin embargo, es que no está en el interés de los funcionarios en los diferentes niveles de gobierno, sean gobernadores, presidentes municipales, directores de áreas que otorgan diferentes tipos de licencias y permisos, etcétera, transitar hacia ese arreglo institucional ya que hacerlo implicaría la pérdida del poder para actuar como buscadores de rentas. No están dispuestos a perder su poder para extorsionar a los agentes económicos privados. Y esto nos seguirá costando una fortuna en términos de crecimiento no logrado y en el bienestar de la población sacrificado.

Al margen
El INEGI decidió cambiar, para el año 2015, su estimación del ingreso de los hogares con el objetivo de reducir la subestimación de ingresos no reportados. Aunque puede ser un buen avance, hace imposible saber qué pasó con la incidencia de pobreza. La nueva información es incompatible con la de años anteriores. Como ejemplo, la estimación de ingresos corrientes promedio para el decil de ingresos más bajos en 2015 es 34% superior a la estimación de 2014, mientras que la del decil de ingresos promedio más elevado es casi 8%. ¿Se redujo la pobreza? ¿Mejoró la distribución del ingreso?  No sabemos.