Nuestro pobre México dista de ser el primer país que enfrenta el reto de un grupo minoritario que pretende imponer su voluntad ilegal y con brutal violencia, en perjuicio de la ciudadanía. Lo que es inusual es la ineptitud con la que todas las instancias de gobierno, empezando por el federal, han actuado.

Cuando el chantaje y la intimidación de la disidencia magisterial y sus aliados guerrilleros son recompensados por las autoridades con dinero, prebendas y poder, un problema focalizado en Oaxaca y un par de estados contiguos más, se convierte en un conflicto nacional que pone en entredicho la legitimidad de los gobiernos.

El efecto demostración de los triunfos de los conflictivos “maestros” persuade a otros grupos con agravios de diversa naturaleza, de que la mejor forma para resolver sus problemas ante autoridades que con frecuencia prestan oídos sordos a sus quejas, es ignorar las vías institucionales y seguir el ejemplo de los chantajistas.

En releyendo la biografía de Alexander Hamilton, primer secretario de Hacienda de EU y a quien se debe la grandeza de ese país por el diseño institucional y financiero que edificó, me encontré con un pasaje, la llamada Rebelión del Whiskey, en la que su genio estratégico y militar salvaron a EU de un peligro mortal.

Corría el año de 1794, apenas el tercero desde la fundación de la república y de la primera administración del presidente George Washington, cuando miles de colonos del oeste del estado de Pennsylvania se levantaron en armas para oponerse al pago del impuesto especial al whiskey.

El mito describe a los rijosos como pacíficos y empeñosos labradores, olvidados, cuando no oprimidos por un lejano gobierno plutocrático. En realidad, “eran incultos, flojos, borrachos y belicosos, no mejores que animales carnívoros de rango superior,”[1] todos adjetivos aplicables a la chusma magisterial.

La ley les importaba poco a estos salvajes que lejos de ser oprimidos por el gobierno, lo ignoraban al no pagar impuestos o por las tierras que invadían. Odiaban el impuesto de 2 centavos por litro adoptado en 1791, a pesar que el gobierno les pagaba 5 veces más de lo que hubiera recaudado, por el whiskey que les compraba para el rancho de las tropas.

La rebelión se inició en 1791 cuando una gavilla de estos forajidos secuestró a un recaudador, lo llevaron a la forja y lo herraron como ganado. En los tres años siguientes, docenas de recaudadores fueron humillados, golpeados, emplumados, balaceados, proceder copiado hoy por los de la CNTE.

En 1794 se precipitaron los acontecimientos cuando un juez de distrito envió a un alguacil federal a repartir citatorios judiciales a 37 destiladores para presentarse en Filadelfia, la capital del estado y en aquella época también del país.

Este incidente, sumado a la aparición de agitadores, se calentó cuando los amotinados quemaron la casa del recaudador de impuestos y se desató la violencia. Hamilton se percató que los disturbios eran un peligro para la seguridad nacional y propuso un despliegue de tal fuerza que sirviera para disuadir a los alzados sin necesidad de enfrentamientos armados.

15 mil bien preparados soldados, al mando del propio Hamilton, héroe de la guerra de independencia, avanzaron al territorio de los rebeldes y la expedición tuvo exactamente el efecto anticipado: ante tal demostración de firmeza y poder, la insurrección se desvaneció sin que se disparara un solo tiro.

Sumando el personal del ejército, la marina, la policía federal y la gendarmería, el gobierno mexicano cuenta con 500 mil efectivos, que sumados al CISEN en la labor de inteligencia, debieran ser más que suficientes para montar una operación disuasiva similar que ponga fin al chantaje y los amagos de las hordas disidentes.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar?