El INEGI dio a conocer dos indicadores que apuntan hacia un estancamiento de la economía. Primero, una estimación oportuna del PIB en el segundo trimestre y segundo, los indicadores cíclicos para el mes de mayo.

Respecto de la estimación oportuna del PIB, la actividad económica durante el segundo trimestre decreció 0.3% respecto del primer trimestre y un crecimiento con relación al segundo trimestre del año pasado de únicamente 1.4%. Por sectores de actividad respecto del trimestre previo, el primario decreció 0.1%, el secundario cayó 1.7% y el terciario no cambió. Respecto del segundo trimestre del 2015, el primario creció 4.3%, el secundario disminuyó en 0.5%, mientras que el terciario creció en 2.4%.

Por lo que toca a los indicadores cíclicos, el coincidente a mayo se ubicó en 99.9 puntos (con una disminución respecto a abril de 0.02 puntos), mientras que el índice adelantado a junio se ubicó en 99.4 puntos (una caída de 0.03 puntos en relación a mayo).

Es claro que la economía no va bien y las expectativas de crecimiento para éste y el próximo año se han revisado a la baja. Se pueden adelantar explicaciones puntuales sobre el mediocre crecimiento que ha tenido recientemente la actividad económica, como es el bajo crecimiento de la economía estadounidense y su efecto sobre las exportaciones manufactureras, la disminución en el valor de la producción petrolera, así como el dispendio e ineficacia del gasto público. El problema, a mi parecer, es uno más profundo, uno que es realmente estructural y que se centra en la debilidad del estado de derecho prevaleciente en México. Un indicador de ello es que México, a pesar de tener una posición geográfica envidiable, con un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo, reciba flujos de inversión extranjera directa que apenas llegan a representar el 2% del PIB.

México es un país de leyes solo porque son muchas, no porque sean eficientes y menos aún porque se cumplan. Un íntegro estado de derecho tiene cuatro elementos centrales. Primero, en el marco legal tienen que estar eficientemente definidos los derechos de propiedad. Segundo, los agentes económicos privados deben tener la libertad de utilizar sus recursos mientras en el ejercicio de esa libertad no atenten en contra de los derechos de terceros. Tercero, todo intercambio tiene que ser libre y voluntario, lo cual requiere que todos los mercados operen en competencia. Cuarto, que el poder judicial sea independiente, imparcial, eficiente y expedito y que garantice el cumplimiento de los contratos y proteja los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros, incluidos los actos de gobierno que los vulneren.

Es claro que estamos muy lejos de ser un país en el que predomine el estado de derecho: las leyes, empezando por la constitución, no son eficientes; existe una continua violación de los derechos privados de propiedad; no todas las transacciones son enteramente voluntarias dada la existencia de prácticas monopólicas privadas y gubernamentales; y, finalmente, el poder judicial no está garantizando la inviolabilidad de la propiedad privada ni el cumplimiento de los contratos.

Elementos coyunturales podrán explicar puntualmente el desempeño de tal o cual sector de actividad en un periodo dado, pero no pueden explicar el que la economía mexicana lleve más de tres décadas creciendo a tasas más que mediocres, un crecimiento promedio anual de solo 2%. Debilidad del estado de derecho, corrupción e impunidad son los elementos que lo explican y mientras esto no cambie, difícilmente experimentaremos un mejor desempeño.