En vez de llevar ante el juez a quienes revendían boletos del metro deberían mostrarlos como ejemplo del espíritu emprendedor que se requiere alentar en México y hasta premiarlos por corregir – con mecanismos de mercado- una de las múltiples fallas de la intervención gubernamental en la economía.

El lunes pasado, el mismo día que entraron en operación varios kilómetros de vías semi-rápidas elevadas en la Ciudad de México, fueron detenidas por la policía cuatro personas que revendían boletos del Metro a tres pesos, 50 por ciento por encima del “precio oficial”.

Que revender boletos del Metro sea un buen negocio es la demostración más elocuente de que las grandes obras viales para automovilistas fueron, para decirlo suavemente, una solución subóptima o mala para los problemas del transporte en la Ciudad de México. Más mala solución aún si se considera que la consigna –retórica, como se ve- del gobierno capitalino, ha sido y sigue siendo “primero los pobres”.

Este pequeño grupo de revendedores de boletos del Metro – de los muchos que hay- fue detenido por infringir una norma represiva – como todas las que impiden la libre fijación de precios en los mercados- de la “Ley de Cultura Cívica” de la capital (artículo 25, fracción XI) que advierte que deberá pagar una multa de 21 a 30 días de salario mínimo o sufrir arresto de 25 a 36 horas “quien ofrezca o propicie la reventa de boletos con precios superiores a los autorizados”. Si hemos de ser rigoristas no sólo los revendedores deberían ser multados o arrestados, sino también los responsables de “propiciar” la reventa, es decir: Quienes diseñaron y pusieron en práctica las políticas públicas que hacen a todas luces insuficiente la oferta de ese servicio de transporte.

Por que ésa, precisamente, es la primera señal que nos envía con toda claridad el hecho de la reventa: Que la oferta del Metro es notoriamente insuficiente y que el precio oficial – que no cubre ni la tercera parte de los costos de operación por usuario- genera, además, una mayor demanda.

También nos dice el hecho de la reventa varias cosas más: 1. Que la opción de invertir dinero público en ampliar y mejorar la oferta del Metro debió ser prioritaria frente a otras alternativas de inversión en transporte o vialidad (por ejemplo, los mal llamados “segundos pisos”), 2. Que el subsidio que se da a la operación del Metro podría ser menor, dado que los usuarios en la práctica prefieren pagar cuando menos 50% más con tal de disminuir el tiempo de espera para abordar el Metro, 3. Que las taquillas oficiales funcionan, en la práctica, como un mecanismo disuasivo para el consumidor, que raciona ese servicio dada la tremenda escasez del mismo.

Detener a los revendedores es, metafóricamente, “matar al mensajero” que nos está mostrando con gran elocuencia una terrible falla de las políticas públicas y todos los perjuicios que ocasionan a la sociedad las intervenciones gubernamentales destinadas a impedir el libre funcionamiento de los mercados.