El Estado mexicano es tan débil e inoperante que en su acción niega su existencia, niega sus propias leyes y por tanto deja ser operativo. Este estado no respeta los derechos de propiedad, la libertad de sus individuos, sus leyes, los documentos que esta emite y tiene como norma la desconfianza en el cumplimiento de las leyes, tanto por parte de sus funcionarios como de sus ciudadanos esta rompiendo con el estado de derecho y no sabe como hacer que la Ley se cumpla.

Esta es la norma de todos los días para los mexicanos y se multiplica ya que cada municipio y entidad federativa hace con sus reglamentos lo que nuestra constitución prohíbe. Pero parece que los mexicanos no ven mal el que la ley se tuerza, ni el abuso de autoridad ni el mal trato del que son objeto por parte de las autoridades, prefieren dejar pasar, pagar su multa, pagar su mordida o aceptar las imposiciones como parte del costo de mantener el asunto en paz. A pregunta expresa sobre las consecuencias legales reconocen que no se quieren pelear con sus vecinos y conocidos y gastar un dineral en una sentencia que nunca llegará.

El problema es increíblemente costoso para los mexicanos comunes, pero no representa grandes problemas para las empresas o los ricos, pues estos si usan abogados, cabildean, hablan con las autoridades y hacen que la Ley no les aplique, gana los juicios o se corrompen junto con las autoridades para conseguir lo que requieran sea permisos, licencias, propiedades o concesiones. Para darnos una idea de cómo están las cosas veamos algunos ejemplos.

El municipio de Solidaridad en Quintana Roo, Playa del Carmen específicamente, tiene como parte de su reglamento de transito e impreso en sus boletas de infracción que se recojan documentos, placas o incluso el automóvil en caso de infracción para garantizar el pago de multas. La razón, hay muchos turistas y sino lo hacemos así no pagan sus multas. Imagínese lo que pasa con alguien que muestra sus documentos y el oficial se los quita, le dice pase y pague su multa, sino es así le quito su placa y sino le quito el vehículo, en medio de una carretera en el sureste de México. Que hace el turista, pues paga su multa, se intenta quejar pero por respuesta recibe las burlas de oficiales ignorantes que le dicen que la Constitución aplicará en otros lados pero ahí sólo aplica su reglamento de transito, pues si no hay garantía nadie paga. El resultado no sólo es una invitación para no regresar, la privación y secuestro de documentos o bienes, sino la negación de las leyes y el propio reglamento, que “si vale” por que uno tiene que circular sin la licencia o sin la tarjeta de circulación, que son otra infracción, así el estado decide olvidarse de sus leyes para obtener los ansiados ingresos por multas y eso sí muchas mentadas.

Pero el gobierno federal hace lo mismo, los agentes de la Policía Federal en su rol de policía de caminos hacen lo mismo, es más te dan a escoger que documento dejas en garantía para el pago de tu multa por exceso de velocidad. De nuevo alegas la Constitucionalidad del hecho y te dicen lo mismo, si no hay garantía no hay pago de multas. El Estado reconoce su incapacidad para hacer cumplir las leyes y le carga todo el costo de su ineficiencia de la inexistencia de bases de datos y de la pésima capacitación de su personal al ciudadano que comete una infracción.

En la ciudad de México  las cosas no son diferentes. Una escuela prestigiada se vio afectada recientemente por una decisión arbitraria por parte de la Delegación, se clausuraron sus instalaciones por carecer de lugares de estacionamiento. Lo primero fue que el personal de la delegación ofreció arreglar el problema por una mordida bastante sustanciosa, pues hay que financiar las campañas. Lo segundo fue una clausura arbitraria, se clausuraron tres de cuatro predios, cuando la denuncia se había hecho contra uno sólo. Luego la escuela tenía en su poder los documentos probatorios de que no había tal violación pero nada se podía hacer, había periodo vacacional. El resultado, los niños perdieron dos días lectivos por las arbitrariedades de las “autoridades” delegaciones.

En fin, que lejos estamos de un país libre, son un Estado, en todos sus niveles que no sabe como actuar, ni como solventar sus ineficiencias, los ciudadanos, como meros súbditos padeciendo. Ni hablar de lo que puede representar este nivel de arbitrariedad para  la generación de empleos o la atracción de inversiones.