En el artículo de la semana pasada "Limpiando el sistema", escribí que uno de los elementos necesarios para reducir significativamente la corrupción es dotar a los mercados de una regulación eficiente y transparente, algo muy lejano de lo que en la actualidad observamos en muchas entidades federativas, tanto al nivel estatal como municipal y, en menor grado, al nivel de la regulación federal.

Un esquema regulatorio ineficiente actúa como una barrera de entrada a los mercados. Cuando las empresas enfrentan altos costos regulatorios, se inhibe la movilidad sectorial y regional de los factores de la producción lo que deriva en que no se asignen eficientemente los recursos, con el consecuente costo, pero además hay otros dos efectos: se inhibe la competencia en los mercados y se encarece el proceso de inversión lo que resulta en menor crecimiento económico, menor creación de empleos y menor bienestar.

Una regulación ineficiente es de por sí costosa, pero esto se agrava cuando ésta es poco transparente y se puede interpretar y ejecutar discrecionalmente por parte del funcionario público que la administra. De ser así, se le otorga al burócrata la facultad de actuar como un buscador de rentas ya que tiene el poder de otorgar, negar o condicionar un permiso o licencia, sucediendo normalmente lo tercero: el funcionario condiciona el permiso o licencia a cambio de recibir un pago por parte de la empresa que lo está solicitando. Lo que efectivamente está haciendo es extraer una renta, apropiándose ex ante de una parte del flujo de ingresos y utilidades de las empresas. Esto repercute de dos maneras. La primera es que la empresa extorsionada puede tratar, total o parcialmente, de transferirle a los consumidores, a través de mayores precios, el monto pagado al burócrata; si la empresa se desenvuelve en un mercado con cierta competencia difícilmente lo podrá hacer. El segundo, en consecuencia, es inhibir todavía más la inversión, con los costos sociales que ello implica.

Uno debería esperar que los gobernantes tuviesen como objetivo lograr un aumento sostenido en el bienestar de sus gobernados, por lo que estaría en su interés que la regulación fuese eficiente y transparente para atraer mayores flujos de inversión a su localidad ya que ello se traduciría en mayores niveles de actividad económica, una mayor generación de empleos y niveles más elevados de bienestar de las familias. Ello, sin embargo, no sucede. Lo que en realidad observamos, salvo contadas excepciones, es que está en el interés de los gobernantes y de los funcionarios bajo su mando tener una regulación que les permita extraer rentas al sector privado. Así, la extorsión a la cual se somete a las empresas resulta en un juego de suma negativo, uno que deriva en que la sociedad en su conjunto pierda más de lo que obtiene la burocracia y los gobernantes que se apropiaron de las rentas. Tenemos, sin duda, un sistema perverso en el cual el bienestar de los gobernados es secundario al interés primario de los gobernantes y sus funcionarios que es maximizar su propio nivel de ingreso y bienestar. Es por esto que la regulación ineficiente, poco transparente y de aplicación discrecional se constituye como una de las principales fuentes de la corrupción que nos aqueja y que impide alcanzar mayores niveles de desarrollo económico.

Cambiar las reglas del juego es imperativo. Próximamente los presidentes municipales podrán ser reelectos, lo cual introducirá un elemento de rendición de cuentas en el sistema. Es necesario extenderla a los gobernadores y, quizás también, al mismo presidente de la República.