Con la renuncia de Santiago Levy a la dirección general del Seguro Social (IMSS), se ha abierto nuevamente toda clase de especulaciones sobre la viabilidad financiera del IMSS. Por lo pronto la administración foxista ha negado que esta acción esté vinculada a dar marcha atrás a la ley que fue aprobada el año pasado por el Congreso y que ponía fin a toda una serie de privilegios en materia de jubilación y contratación de los trabajadores del Seguro (no de los actuales sino de los futuros empleados contratados). Ya el tiempo dirá si el gobierno cumple ó nuevamente se deja amedrentar por los buscadores de rentas.

Lo cierto es que es necesario realizar una serie de reformas serias para darle sustentabilidad a los programas de retiro en México. El país ya realizó una primera reforma al permitir que los trabajadores de las empresas privadas y afiliados al IMSS pudieran tener mayor libertad de elegir el plan de retiro a su conveniencia. Este esquema se llama sistema de capitalización individual. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en esta materia. Para empezar, todavía buena parte de los instrumentos financieros que manejan las Afores aún están mayoritariamente invertidos en bonos de deuda pública del gobierno federal, y aunque a partir de este año ya es posible diversificar la cartera de las administradoras privadas mediante la compra de instrumentos ya no ligados al gobierno, sino a acciones de empresas vinculadas a índices bursátiles, así como a bonos de deuda privados, apenas está comenzando a darse cierta recomposición de los portafolios de las administradoras, pero insistimos, aún es muy grande la dependencia de las Afores a la deuda pública del gobierno.

Por otro lado, queda pendiente una reforma para el retiro de los trabajadores que están empelados directamente en el IMSS y en el gobierno. Estos organismos siguen operando con el llamado sistema de reparto, donde es el gobierno el que diseña el plan de retiro del trabajador. El problema de estos sistemas (y por eso están en crisis financiera a nivel mundial) es que presentan las siguientes características: uso indiscriminado del dinero para el retiro de los trabajadores por parte del gobierno, así como ineficiencia administrativa por estar apoyados en una excesiva carga burocrática. Diversos estudios académicos muestran que en este tipo de sistemas lo que prevalece es la excesiva centralización con altos costos, estudios actuariales y financieros escasos, mínimo aprovechamiento de los avances tecnológicos y una lenta incorporación de criterios y pautas de las ciencias económicas para el manejo racional de los recursos de los trabajadores. Lo peor es que además en estos sistemas el gobierno aparece como un extractor histórico de los recursos para el retiro. Esto lo permite la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas que caracterizan a los sistemas de reparto.

Una segunda reforma de pensiones es muy importante en México, pues los expertos calculan que el déficit actuarial a valor presente del IMSS es de alrededor del 45% del PIB, mientas que para el ISSSTE se calcula en alrededor de 13% del producto. Lo anterior significa que en el futuro no lejano estas dos instancias requerirán cerca del 60% del PIB para poder sostener las jubilaciones de sus trabajadores. De ahí que de no hacer algo al respecto, esta situación es una verdadera bomba de tiempo que le puede estallar a las futuras administraciones.

Los países que han entendido esto han comenzado también a cambiar los viejos sistemas de reparto por sistemas de capitalización de cuentas individuales en donde es el trabajador el que se encarga de preocuparse por su retiro y no el gobierno. Chile fue pionero en esta materia y ha sido seguido después por Perú (1992), Colombia (1993), Argentina (1994), Uruguay (1996), México y El Salvador (1997), Bolivia (1998), Costa Rica y Nicaragua (2000), Ecuador (2001) y República Dominicana (2003).

Hay que señalar que no en todos ha funcionado eficientemente las reformas en especial por los costos en comisiones de las administradoras privadas. Esta problemática causa confusiones y hace que la gente piense que, efectivamente, los sistemas de capitalización individual son más eficientes, pero más caros que los de reparto. Lo anterior es falso y la confusión en mucho se debe a la forma errónea en que los gobiernos han llevado a cabo las reformas. Chile nos da el ejemplo.

El sistema chileno ha resultado exitoso en virtud de que, aunque paulatinamente, terminó eliminando totalmente el viejo sistema de reparto (sólo quedó en pie un pequeño programa del Estado para ancianos e inválidos carentes de recursos). Esto no ha sido así en otros países, donde las reformas ó han sido a medias dejando coexistir al viejo esquema de reparto, ó sólo han sido pequeñas modificaciones de administración pública que sólo hacen sostenibles (no sustentables) en el corto plazo a los sistemas de retiro basados en el reparto. Además, la reforma de pensiones chilena fue acompañada de otras reformas profundas como la de protección de minorías en los mercados de capitales, así como de cambios en la forma que operaban los seguros y los entes reguladores del Estado. Asimismo, se preparó todo un terreno para que la competencia en el mercado fuera la máxima posible. Comenzaron con 12 administradoras para el retiro y hoy hay 20 que compiten ferozmente por otorgar el mejor plan de retiro (y al menor costo por tanto) para el trabajador. Todas estas medidas facilitaron la transición exitosa del viejo esquema burocrático de reparto hacia el esquema de capitalización privada.

Los chilenos entendieron que un sistema de reparto maduro y en crisis es tanto más caro que un sistema de capitalización, tanto en términos de las aportaciones que exige, como de los rendimientos que es capaz de otorgar en la medida en que el deterioro financiero reduce la sustentabilidad del sistema.

Finalmente otras dos virtudes del sistema chileno fue que limitó al gobierno para extraer recursos del retiro de los trabajadores y a su vez dotó de libertad a los chilenos para poder elegir el esquema de retiro más conveniente a sus necesidades.

Ojalá que en México aprendamos de esta lección, ahora que varias voces claman por extender a todo el país la llamada Pensión Universal. Hoy día los sindicatos del gobierno y del IMSS se oponen a todo intento de reformas. Es obvio, los líderes no quieren perder el control que sobre los recursos de sus agremiados tienen. Lo más indignante e injusto de todo es que somos la mayoría de los mexicanos (millones que no pertenecemos a estas agrupaciones) los que con nuestras contribuciones sostenemos a esas entidades deficientes e ineficaces. En el pasado reciente ya el Congreso dio prueba de tener conciencia sobre la urgencia de una reforma al sistema de retiro del Estado. Sólo esperamos que no sea nuevamente el chantaje de una minoría la que amedrente al Estado (Ejecutivo y Congreso) y permita que unos cuantos reciban privilegios por encima de los millones que con su trabajo sostienen a las burocracias gubernamentales.