La recién aprobada reforma tributaria en Estados Unidos (falta por reconciliar lo aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado), hace imperativo que en México se replantee a fondo el diseño del sistema tributario. Sin entrar a los detalles de la reforma, en lo relativo al tratamiento tributario para las empresas destacan tres cambios: se reduce al 20% la tasa sobre las ganancias, se permite la deducción inmediata de la inversión y se reduce la tasa impositiva sobre la repatriación de ganancias. Estos cambios alterarán los incentivos tributarios para la inversión en ese país y en el resto del mundo, no solamente para la de capital estadounidense sino también para la de otros países. Claramente esto representa una pérdida de competitividad fiscal para el resto del mundo, México incluido.

Inclusive para nuestro país y Canadá, la reforma tributaria puede ser un torpedo a la línea de flotación del TLCAN, particularmente para aquellos sectores que tienen un alto grado de integración regional. Siendo Estados Unidos el principal socio comercial de México y la principal fuente de inversión extranjera directa (sin olvidar la proveniente de otros países que han llegado a México para aprovechar el TLCAN), es claro que se requiere una reforma tributaria interna y aprovechar la oportunidad no solo para mantener la competitividad fiscal, sino también para alinear los incentivos que se derivan del diseño tributario con los objetivos de fomentar el empleo, la inversión y, a final de cuentas, el crecimiento económico y, de paso, fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal.

Primero, es necesario reducir la tasa del ISR para personas morales, eliminar la tasa adicional de 10% sobre el pago de dividendos y volver a establecer el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) que permita la deducción de la base gravable (los ingresos brutos de las empresas) de la adquisición de insumos, de la inversión en capital fijo y de la inversión en investigación en ciencia y tecnología.

Segundo, hay que tomar en consideración que las aportaciones patronales al sistema de seguridad social (IMSS, SAR e INFONAVIT) son, para efectos prácticos, un impuesto sobre las empresas y el empleo formal. A esto hay que agregarle que el reparto de utilidades a los trabajadores, a pesar de ser un pago a la mano de obra, no es deducible de la base gravable del ISR, por lo que efectivamente se trata de una sobretasa sobre las utilidades brutas de las empresas. En consecuencia, es indispensable transitar hacia un sistema de seguridad social financiado con la recaudación general de impuestos, reduciendo significativamente las aportaciones de las empresas.

Los dos puntos anteriores se constituirían como un incentivo a la inversión privada y a la creación de empleos, lo cual por sí mismo incrementaría en el agregado la base de contribuyentes, tanto empresas como individuos, del ISR.

Tercero, obviamente sería imposible financiar la seguridad social con la recaudación general sin homogeneizar el IVA, gravando alimentos y medicinas. Es cierto que es un impuesto regresivo (particularmente por el gasto familiar en alimentos) y por lo mismo, puede ser compensado con transferencias directas al ingreso para las familias en los deciles I a VIII (con el requisito de que estén registrados en el SAT).

Finalmente, aunque ya no parte de la reforma tributaria pero sí complementaria a ésta, es indispensable reducir significativamente las barreras regulatorias a la entrada y salida de los mercados (particularmente en los gobiernos estales y municipales) mismas que, además de ser una fuente de corrupción (otro impuesto implícito), reducen la competitividad de la economía mexicana.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Economista.