Las políticas económicas son los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado, que es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, modificación que se justifica si ese resultado es, o ineficaz desde el punto de vista económico, o injusto desde el punto de vista ético.

Un ejemplo los tenemos en las políticas de precios, que el gobierno puede fijar por arriba o por debajo del precio de mercado, al cual los demandantes están dispuestos a comprar toda la cantidad ofrecida, ni más ni menos, por lo que no se genera ni escasez ni sobreoferta. La fijación de precios de parte del gobierno se justificaría si el precio de mercado, acordado libremente entre el oferente y el demandante, fuera ineficaz y/o injusto.

Sería ineficaz si generara escasez (que los demandantes estuvieran dispuestos a comprar una cantidad mayor que la ofrecida), o sobreoferta (que estuvieran dispuestos a comprar una cantidad menor), lo que no sucede (al precio de mercado los demandantes compran toda la cantidad ofrecida, ni más ni menos, no generándose escasez o sobreoferta).

Sería injusto si se violara algún derecho de alguna de las partes involucradas, comprador o vendedor, lo cual, dado que el precio de mercado es el resultado del acuerdo voluntario entre ambos, resulta imposible. Si el demandante decide comprar a ese precio, ¿el oferente cometió una injusticia? Y si el oferente acepta vender a ese precio, ¿la cometió el demandante?

El precio de mercado es, eficaz económicamente hablando, justo éticamente considerado, no justificándose que el gobierno lo modifique, ni imponiendo uno máximo, por debajo del de mercado, con la intención de beneficiar al comprador, lo que genera escasez, ni imponiendo uno mínimo, por arriba del de mercado, con el fin de favorecer al vendedor, lo que origina sobreoferta. Si lo hace el resultado es ineficaz, ¡y también injusto!, sobre todo en el caso de los precios máximos, algo que pocas veces se considera.

La manipulación gubernamental de precios es injusta porque viola el derecho a la libertad y propiedad de los oferentes. El derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno con una condición: que al hacerlo no se violen derechos de terceros. Entre las posibilidades de disposición está la de ofrecer a la venta, que supone la libertad para ofrecer al precio que se crea conveniente, frente al cual el demandante tiene la libertad para comprar o no. Si compra entonces ese precio es el de mercado, resultado del acuerdo entre oferente y demandante.

Si el gobierno impone un precio máximo, por debajo del de mercado, viola el derecho a la propiedad y libertad del oferente, cometiendo una injusticia, hecho que nunca se considera al discutir la conveniencia o inconveniencia de que el gobierno manipule precios, centrándose la atención en el tema de la eficacia, lo cual es un error que debe corregirse. Candidato que los proponga (AMLO es uno de ellos) debe sumar puntos en contra.